En Consejo Federal de Inversiones (CFI) será sede este martes de un nuevo encuentro de gobernadores. El organismo con sede en el microcentro porteño, creado en 1959 en la provincia de Santa Fe, expresa a los mandatarios de todas las provincias de modo igualitario y directo: cada gobernador tiene un voto en la asamblea que conduce la organización a través de al menos dos reuniones ordinarias anuales.

A pesar de que su misión original es estrictamente técnica y financiera, cuando la inestabilidad política domina el clima nacional, el CFI se insinúa como refugio para los mandatarios provinciales: que buscan coordinar acciones, aun entre representantes de fuerzas políticas dispares, para estabilizar la gobernanza en los territorios provinciales. 2022, que ya transcurre, carece de un instrumento relevante para los gobiernos provinciales, el presupuesto nacional, que fue rechazado por primera vez desde 1983 en el Congreso (diciembre pasado) con los votos negativos de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), el Interbloque Federal (incluye al Partido Socialista de Santa Fe), y, entre otros, de la izquierda de inspiración trotskista (FIT).

Para solucionar la falta de Presupuesto, los gobernadores esperan medidas concretas y precisas de la Nación para evitar, sobre todo, el parate de la obra pública y de la financiación de proyectos.

A la falta de Presupuesto, se suma la preocupación por la inflación récord que aflige al país, y lo más relevante: los contrapuntos dentro del frente gobernante. Los gobernadores, utilizando el robusto ámbito burocrático del CFI, que maneja un millonario presupuesto provisto de manera automática por cuota partes de cada provincia (en relación al porcentaje de coparticipación), y también de la Nación, que es el principal aportante al CFI, buscan, preventivamente, evitar que la crisis llegue a sus provincias. También cranear posibles asociaciones para incidir de manera directa en la política nacional. Y porque no, ir creando condiciones frentistas para un nuevo año decisivo, el de la renovación presidencial en 2023.

Como ejemplo, la “Región Centro”, una asociación acotada dentro del total provincial del país, donde participa con entusiasmo el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, junto a Córdoba y Entre Ríos, es un ámbito territorial con gobierno de distintos signos políticos (Juan Schiaretti no pertenece al FdT), sin embargo, la ilusión de converger en una misma boleta electoral no deja de ser una fantasía recurrente para algunos mandatarios.

Si bien en la Carta Fundacional de CFI puede leerse que sus objetivos son: “brindar respuestas innovadoras para el desarrollo de las provincias argentinas, poner a disposición herramientas técnico- financieras que les permitan desplegar y enriquecer su potencial en productividad, comercio exterior, gestión de gobierno, innovación tecnológica, comercio exterior, industrias culturales y empleos del futuro”; las reunión del próximo martes en la sede de calle San Martin al 800 de la Ciudad de Buenos Aires, arrojará una lectura política.

El CFI financia proyectos productivos en las provincias con los importantes recursos que atesora de manera automática de sus asociadas (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de las restantes 23 provincias de la Argentina), a la vez que suele ser utilizada por los estados provinciales para gastos de su propio funcionamiento burocrático y político.

Su actual Secretario general, Ignacio Lamothe, asumió en 2020, impulsado por el ministro de Interior Eduardo Wado de Pedro, y fue aceptado rápidamente por el plenario de gobernadores, luego del fallecimiento de su Secretario histórico, Juan José Ciácera. De profesión ingeniero, Ciácera condujo la Secretaría por 33 años. Lamothe, de 42 años, ya se había desempeñado en tareas gubernamentales en la Secretaría de Coordinación General de Asuntos Político Institucionales (que condujo en su momento el histórico operador del PJ Juan Carlos Chueco Mazzón), y luego pasó a la Secretaría de Asuntos Municipales, en la órbita del ministerio del Interior (De Pedro).