Un procedimiento judicial impulsado por representantes de distintas áreas del gobierno nacional vinculadas a lucha contra el trabajo esclavo y la trata de personas permitió desactivar una situación de explotación laboral, en condiciones inhumanas, de seis personas (tres adultos y tres menores) que habían sido contratados para tareas rurales en la zona de Piñero, a unos diez kilómetros al sur de Rosario.

Nicolás Del Mastro es delegado para la región centro del Comité Nacional de Lucha contra la Trata, un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y que preside Gustavo Vera. En diálogo con medios de prensa destacó el aumento de casos de personas rescatadas de situaciones de explotación que se registró entre 2020 y 2021 en el país, y precisó que en el caso de Santa Fe el incremento fue cercano al 33 por ciento.

El funcionario dio detalles del procedimiento que se realizó hace unos días en la zona rural de Piñero, en el paraje denominado Estancia La Carolina, a la altura del kilómetro 10 de la ruta provincial 18 (prolongación de Ovidio Lagos). Destacó que fue el corolario de un trabajo en conjunto entre el propio Comité, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), y otras áreas.

Del Mastro señaló que “se hizo un trabajo de fiscalización en el lugar y se labraron actas de constatación de todas las contravenciones respecto a las condiciones de actividad laboral”, y precisó que todo se inició a partir de una llamada a la línea telefónica 145, habilitada para recibir denuncias por explotación laboral y trata de personas.

A partir de esa situación se le dio intervención a la Procuraduría de Trata y al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Eso generó una causa judicial en la que se le dio intervención a fiscal Nº 1 Javier Arzubi Calvo, de Rosario y hubo un allanamiento que dispuso el juez Carlos Vera Barros.

Del Mastro indicó que en ese caso descubrieron una metodología propia de la trata de personas, con ofertas engañosas de empleo a personas que están en estado de necesidad o de vulnerabilidad para emplearlos y trasladarlos a ese campo. "Detectamos a tres adultos (dos hombres y una mujer) y a tres menores edad, que son hijos de la señora y de uno de los hombres. Vivían hacinados, en condiciones de higiene muy precarias, sin acceso a servicios elementales como agua potable. Además no conocían exactamente qué remuneración recibían y tampoco tenían idea precisa del lugar”, detalló.

El funcionario destacó el incremento en el número de personas rescatadas de situaciones de explotación laboral en todo el país, situación que también se verificó en la provincia de Santa Fe. “En 2020 tuvimos 933 víctimas, y terminamos 2021 con casi 1.400 que eran sometidas a condiciones muy precarias de trabajo y a condiciones de vida paupérrimas”, resumió.

“En el Comité, tenemos estadísticas desagregadas por provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que provienen del informe anualizado de la línea 145 de denuncias. Haciendo una comparación entre los datos de 2020 y 2021, en la provincia de Santa Fe de un año a otro pasamos de 9 víctimas rescatadas a 42”, reveló Del Mastro.

El delegado del Comité Nacional de Lucha contra la Trata aclaró que el organismo “no cuenta con datos de estos últimos meses, porque son números anualizados. Detectamos que hay un incremento porque se empieza a movilizar el tema por las aperturas de actividades post Covid y también por el trabajo que se está haciendo con la difusión de esta línea de denuncia, la 145, más las acciones en el territorio.”

Del Mastro señaló que en Rosario existe una mesa municipal para desactivar o combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, pero que ahora se busca ampliarla a situaciones laborales. “Esa mesa está creada por ordenanza, y ahora estamos empujando para que se active. Lo mismo estamos haciendo en Villa Gobernador Gálvez, en Pérez y en la Terminal de Colectivos de Santa Fe. Esto tiene que ver con movilizar la agenda de este tema”, concluyó.