El fiscal de Estado provincial, Rubén Weder, asistirá éste miercoles a la Cámara baja santafesina para explicar ante los jefes de bloque del cuerpo parlamentario los alcances de la investigación interna dispuesta por el gobernador Omar Perotti en noviembre pasado con el objetivo de determinar si existieron actividades ilícitas durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad.

Weder fue convocado para las 17, en el marco de Labor Parlamentaria, luego de que Diputados respaldara días atrás la iniciativa del peronista  Luis Rubeo, quien propuso que el fiscal de Estado “informe respecto de los avances en la investigación ordenada por el gobernador”, a través del decreto Nº 2.651, por el cual instruyó la apertura de “un sumario administrativo a fin de determinar si se desarrollaron actividades al margen de la normativa legal dentro de Seguridad, a propósito de la documentación recabada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA)”.

“Es menester resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida (supuesto espionaje ilícito) sino del resto de las personas que puedan, eventualmente, estar involucradas en la misma”, añadió el decreto de Perotti.

Apenas destituido por la Legislatura santafesina como director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación, acusado de actividad proselitista incompatible con el cargo que ostentaba, Sain había asumido a fines de noviembre como asesor en criminalidad compleja en la cartera de Seguridad de la Nación.

Poco después, los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe en busca de evidencia sobre espionaje ilegal provocaron un tembladeral político que fue acompañado por las renuncias de los funcionarios que respondían a Sain y seguían trabajando en la cartera al mando, desde marzo, de Jorge Lagna.

En ese marco, el gobierno provincial fue recientemente aceptado como querellante en la investigación por presunto espionaje ilegal que involucra a Sain y a varios ex funcionarios de Seguridad.

El expediente se tramita en la Unidad de Delitos Complejos, a través de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, quienes a principios de febrero apelaron el fallo judicial que los obligaba a levantar el secreto de sumario.

La convocatoria a Weder fue aprobada por una amplia mayoría en la Cámara baja: contó con votos peronistas y de todos los bloques opositores. En ese contexto, la justicialista Matilde Bruera, férrea defensora de Sain, rechazó la iniciativa por entender que los allanamientos a Seguridad fueron ilegales y que el ex ministro está siendo juzgado mediáticamente.

“Queremos saber cuáles son las actuaciones con el fin de conocer si existen o no las presuntas tareas de espionaje ilegal realizadas por Sain”, aseveró Rubeo al defender el proyecto.

Poco antes de la resolución de la Cámara baja, el ex ministro había echado mano a Twitter para reprochar a la Casa Gris la supuesta falta de apoyo institucional frente a la causa en la que se lo investiga por presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios, gremialistas y periodistas, entre otros.

Asimismo, el otrora jefe del OI reforzó su hipótesis de que los fiscales del MPA que lo investigan le armaron la causa a modo de pase de factura por pesquisas que impulsó en su momento y que tocaron a sectores de poder, como la del juego clandestino.

Paralelamente, Sain acaba de rechazar como parte en el expediente judicial a su antecesor en Seguridad, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, quien pidió ser querellante tras advertir que es una de las posibles víctimas del espionaje ilícito.

Si bien el planteo de Pullaro fue aceptado por los fiscales, la jueza Susana Luna le corrió traslado a Sain, quien finalmente se opuso por considerar que la figura del radical podría derivar en un entorpecimiento de la investigación en curso.