Luego de un proceso de licitación con tres oferentes, finalmente el gobierno municipal adjudicó el sistema de fotomultas a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por ITnet S.A. Brocart S.A. y Karstec S.A. De esta forma, se estima que el mes que viene comience la instalación de los aparatos en 70 puntos de control a partir de una videovigilancia que captará transgresiones al tránsito pero también permitirá observar el resto de la actividad callejera.

El proceso licitatorio había desembocado el 2 de noviembre pasado con la apertura de las tres ofertas en danza. Cecaitra por un lado, Boldt y Atsa por el otro y finalmente la que resultó adjudicataria: ITnet S.A. Brocart S.A. Karstec S.A. una UTE con antecedentes en su composición de desarrollos en tecnología para la movilidad, seguridad vial, software de estacionamiento medido, y desarrollo de tecnología en cámaras y sanción de fotomultas. Finalmente, este 7 de febrero se publicó el decreto de adjudicación correspondiente en el Boletín Oficial.

El coordinador del gabinete municipal, Rogelio Biazzi, dijo que  “está muy avanzado el procedimiento administrativo para la firma del contrato. Y, de acuerdo al plan de implementación propuesto por el adjudicatario, se espera un proceso de ágil de instalación de las cámaras”.

De esta forma, el Sistema Integral de Captación y Procesamiento de Imágenes para la Detección Electrónica de Infracciones y la Asistencia de la Gestión de Cobro estableció que la ganadora podrá cobrar una suma fija mensual de 0,1 Unidades Fijas (equivalentes a un litro de nafta súper), para la certificación de actas a notificar, y con un tope de hasta 40.000 (cuarenta mil) actas mensuales, y el 21 por ciento por infracción cobrada, entre otras condiciones de recaudación.

Según lo habían adelantado las propias autoridades municipales, a partir del mes que viene (así se anunció desde el Palacio de los Leones) 70 puntos fijos (hubo solo 12 hasta el momento) y disponibles los 4 controles móviles para detectar 27 infracciones de tránsito distintas.

El desembolso a lo largo del próximo lustro será de 2.624 millones de pesos, y lo recaudado irá en un 80 por ciento para el Fondo Compensador del Transporte y 20 por ciento para la Secretaría de Salud. Ambos están ya preestablecidos.

Lo cierto es que está predeterminado que para captar los cruces de semáforo en rojo habrá 35 controles fijos, para la violación de la velocidad máxima permitida 15 controles fijos y 2 móviles. Además otros 10 para sancionar la intromisión en ciclovías, 5 para captar la invasión de carriles exclusivos de los colectivos y otros 5 para los giros indebidos.

También se instalará tecnología para fotografiar el estacionamiento en lugares prohibidos.

Entre las 27 infracciones contempladas (antes había solo 6) se incluyen: no respetar la línea de frenado de senda peatonal, picadas en la vía pública, estacionar en doble fila o sobre la vereda, en ochavas o bocacalles, plazas, espacios verdes, entre otras.

Si se cumple a rajatabla con las multas, habrá que desterrar inconductas ya “normalizadas” en el imaginario social rosarino. Por ejemplo sanciones por llevar más de un acompañante o menores de 10 años en motos, circular sin casco, conducir utilizando el celular para llamadas, o mensajes de texto, o sin el cinturón de seguridad.

Un fuerte desafío para la gestión Javkin en el marco del caos vehicular y la anomia generalizada en el tránsito.

Con el decreto de la UTE ganadora habrá 30 días para hacer los trámites administrativos y contrataciones supletorias, pero desde el Palacio de los Leones se estima que en marzo ya se instalarán las cámaras de videovigilancia. Será un desembarco de capitales con base en Capital Federal junto a una de las empresas de origen del interior del país.

El proceso había tenido un primer llamado trunco. El municipio advirtió que no quería un monopolio en manos de una cámara de empresas y por eso hizo un segundo llamado “más competitivo”.

Así, las ofertas pasaron de 2 pesos por multa notificada y hasta el 35 por ciento de la multa cobrada a las actuales propuestas de 0,1 peso por multa notificada y 21 por ciento por multa cobrada.

El cambio cualitativo en esta segunda convocatoria es que la UTE ganadora instalará los aparatos, operará y procesará las imágenes de tránsito mientras que al municipio le quedará reservado el juzgamiento y cobro de actas. Y luego el patrimonio en infraestructura le quedará al municipio.

Se pasó de una lógica de monto fijo para el concesionario, a un mix de un mínimo por actas validadas y reconocidas, y otro que tiene que ver con la infracción efectivamente cobrada y así evitar que el índice de incobrabilidad recaiga en el municipio.

Fuente: La Capital