Un diputado provincial propuso que el gobierno de Santa Fe convoque a la Drug Enforcement Adminstration (DEA) para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas, el crimen organizado y el lavado de dinero en suelo santafesino. La propuesta del diputado Walter Ghione se materializó a través de una comunicación al presidente de la Cámara baja de Santa Fe, a quien le pidió que traslade la inquietud al Poder Ejecutivo.

"La realidad del narcotráfico, los asesinatos y demás delitos relacionados con el crimen organizado no cesan de sorprender a los ciudadanos de la provincia, quienes sin ser expertos en criminalística notan que la situación está completamente fuera del control de las autoridades locales", dijo el legislador.

En lo que parece ser una reacción a la impresionante cantidad de episodios violentos que sacuden a Rosario, Santa Fe y otras ciudades de la provincia, Ghione agregó: "Evidentemente nos encontramos en un debilitamiento institucional de la policía, la Justicia y de las autoridades políticas. Necesitamos reforzar esa lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico y, si amerita acudir a ayuda externa, lo debemos hacer".

El diputado se mostró convencido de que el primer paso para trabajar en la solución de un problema es reconocerlo. "Si negamos la realidad, no podemos decir que nos interesa solucionarla. Evidentemente, las autoridades y recursos locales que deben prevenir y combatir el narcotráfico y demás crímenes no tienen la capacidad necesaria para hacerlo. Tampoco vemos que los anuncios de participación de fuerzas federales en nuestra provincia, haya propendido a cambiar la realidad… todo lo contrario. Ergo, debemos, mientras sea posible y antes de un desmadre irreversible, acudir a quienes pueden colaborar y ayudar", sostuvo.

Fue entonces cuando propuso suscribir convenios de colaboración con la DEA a los fines de investigar delitos relacionados con la producción, transporte y consumo de drogas ilícitas en el territorio de la provincia.

Dijo que esta modalidad colaborativa tiene sus antecedentes en varios países de Latinoamérica atravesados por el flagelo del tráfico de drogas. "La DEA es una agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargada de investigar delitos de orden federal relacionados al narcotráfico. Su personal es de unos 10.000 funcionarios, de los cuales aproximadamente la mitad son agentes antinarcóticos. A pesar de concentrar casi todos sus recursos en acciones policíacas en Estados Unidos, la DEA mantiene unos 500 agentes antinarcóticos distribuidos en 91 oficinas en 68 países", escribió en los fundamentos de su pedido al presidente de la Cámara de Diputados.

Dijo que uno de los casos más conocidos es el de México, donde la DEA mantiene 10 oficinas: en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. "La mayoría de estas oficinas, normalmente establecidas en los consulados estadounidenses", citó. Y añadió que los agentes están acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y mantienen contacto formal e institucional con agencias policíacas y de inteligencia en México.

"El acuerdo indica que los agentes deben informar al gobierno mexicano sobre sus acciones, contactos y movimientos. Estos agentes realizan principalmente operaciones encubiertas, de inteligencia e investigación", argumentó.

Ghione dijo que además de México también hay que poner la mirada en las experiencias de Bolivia, Colombia y Perú.

"En nuestro país, al menos hasta 2019, la DEA, el FBI y los organismos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos han mantenido pactos de cooperación y formación de agentes locales, colaborando en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero", dijo. Y añadió: "Somos el segundo país de América Latina que tiene un “fusión center” (centro de reunión de inteligencia) entre organismos norteamericanos y argentinos, en la triple frontera. Por su parte, fueron públicas las operaciones de intercambio de información con la DEA que permitieron el secuestro de toneladas de droga junto a la Policía Federal y a la Gendarmería. La Argentina supo mantener al menos dos Grupos de Operaciones Conjuntas, uno en Salta y otro en Misiones".