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12:00:56 30/01/2022

Proponen un área de protección para funcionarios judiciales vinculados a delitos complejos

El diputado del Frente Renovador, Oscar Martínez presentará en la Legislatura un proyecto de ley para crear una Oficina de Protección Inmediata (OPI) que tendrá como objetivo la protección de jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial ante casos de amenazas por parte de delincuentes imputados y/o condenados.

También incluirá la protección a periodistas y trabajadores de prensa que cubran o investiguen hechos relacionados a delitos graves. Funcionará dentro del ámbito de la Corte Suprema de la provincia.

Consultado acerca de la propuesta, el legislador manifestó: “Es innegable que en los últimos años estamos sufriendo la consolidación de una criminalidad más compleja y organizada a lo largo y ancho del territorio provincial. Balaceras contra propiedades privadas y públicas, amenazas telefónicas y hasta de manera personal, como lo hemos visto días pasados en una audiencia imputativa contra personas vinculadas al narcotráfico en Rosario. Jueces, fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial se ven constantemente intimidados por delincuentes que están fuera y también dentro de las cárceles”.

“Desde los tres poderes del Estado debemos reaccionar de una vez por todas ante este fenómeno y garantizar la plena libertad de actuación de los integrantes del Poder Judicial, y para ello es necesario generar las herramientas que permitan que esta protección sea eficiente y rápida”, agregó Martínez.

En ese sentido, concluyó: “Por esta razón proponemos la creación en el ámbito de la Corte Suprema de la Oficina de Protección Inmediata, OPI, que tendrá a su cargo no solo el diseño de las políticas generales para la protección de estas personas, sino que elaborará un Protocolo de Actuación, reglas, manuales y recomendaciones que tengan como propósito generar condiciones de seguridad, libertad e independencia, que junto a otras medidas garantizarán el pleno ejercicio de la función judicial libre de cualquier presión”.

“Consideramos, continuó, que los magistrados penales deben desempeñar sus funciones con independencia e imparcialidad sin temer por sus vidas, su integridad, su seguridad y la de sus familias y colaboradores”, indicó el diputado.

Finalmente, expresó: “La protección también se extenderá a periodistas, camarógrafos, fotógrafos, productores y trabajadores de medios de comunicación que se vean expuestos a riesgos en ejercicio de sus funciones de informar en el ámbito de la administración de justicia penal y cuyas investigaciones puedan ser objeto de amedrentamiento y amenazas directas o indirectas”.