A partir de una cumbre realizada entre especialistas el pasado 15 de diciembre, el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) presentó un informe en el que manifiesta la preocupación por la situación de la provincia de Santa Fe. Una de las conclusiones del encuentro indica que en la provincia se detectan "prácticas mafiosas" que "han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales".

"La alarma más grave es la comprobación de que estos grupos en sus diversas formas criminales han penetrado la política. Tienen alta capacidad de cooptación de la política y esto es un estadio extremadamente crítico en la Argentina", consideró Juan Félix Marteau, director del centro de estudios. "Si este cáncer no se opera y no se extrae por completo va a tener capacidad de hacer metástasis en otras regiones con características geográficas como las que tiene Santa Fe", agregó.

Uno de los puntos de la conclusión de la cumbre convocada por este grupo de estudios considera la "situación crítica en la provincia de Santa Fe". En ese sentido analiza: "Se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado, como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves, han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos".

Según analizó Marteau, el panorama hacia el futuro es complicado. "Todos los antecedentes muestran que vamos en una situación de empeoramiento y no de mejora. El contexto regional es malo", consideró. En ese sentido destaco que "nunca antes en la historia se produjo tanta cocaína de máxima pureza como este último año".

Para el especialista una respuesta a nivel político tiene que superar el límite de las rivalidades partidarias. "La gravedad que ha alcanzado el fenómeno en Santa Fe, cuyo efecto derrame afecta a todo el país, obliga a implementar una política de Estado consistente que, contando con el apoyo de todos los sectores políticos responsables, se oriente a erradicar a los actores corrompidos, a fortalecer el sistema de seguridad y justicia penal, y sobre todo a proteger a los sectores sociales más vulnerables", sostiene el centro de estudios en una de las conclusiones del reciente encuentro.

Fuente: La Capital