“Las balaceras y las extorsiones, desde las más leves hasta las más graves, se organizan desde los establecimientos penitenciarios. Y eso no abarca sólo a los presos más conocidos o de alto perfil, sino a toda la población penitenciaria que accede a un teléfono celular y abusa del derecho a la comunicación”, afirmó la fiscal de la Unidad de Investigación de Balaceras de Rosario, Valeria Haurigot.

La funcionaria del Ministerio de la Acusación (MPA) opinó con esas palabras sobre la discusión planteada por el secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, quien propuso discutir si no es la oportunidad de endurecer las condiciones de detención de los reclusos de alto perfil para evitar que planeen delitos desde las cárceles.

Incluso, el funcionario del área de Seguridad del gobierno provincial llegó a proponer un modelo de prisión de máxima seguridad como en la que está alojado el narco mexicano Joaquín "Chapo" Guzman en Estados Unidos.

Haurigot opinó: “El diagnóstico (de Bortolozzi) no es errado. Lo comparto en algunos puntos. Pero lo que vemos en nuestras investigaciones es que en todos los niveles las personas privadas de la libertad, ya sea de manera preventiva o cumpliendo condenas, se cometen delitos”.

“No hablamos sólo de los presos de alto perfil, sino que la visión debería ser extensiva a todas aquellas personas que están detenidas y que haciendo un abuso del derecho a la comunicación, que está reconocido por la Constitución, transforman a la cárcel en un lugar desde el que se organizan delitos, desde los más leves a los más graves” subrayó la funcionaria del MPA.

Haurigot remarcó que “todas las personas privadas de libertad hoy por hoy están activando diferentes modalidades delictivas. La visión de imponer mano dura a los presos de alto perfil, está dejando afuera una situación muy problemática, que es el resto de la población penitenciaria. La premisa no sería que todas las personas privadas de la libertad cometen delitos, sino que todos los delitos son cometidos por personas privadas de la libertad en algún momento de la ejecución de pena”.

“No sé si todos los que están presos cometen delitos, pero sí puedo asegurar que las balaceras y las extorsiones, de las más leves a las más graves, se organizan desde los establecimientos penitenciarios. Y eso no abarca sólo a los presos más conocidos o de alto perfil, sino a toda la población penitenciaria que accede a un teléfono celular y abusa del derecho a la comunicación. Ese sería nuestro enfoque después de analizar los hechos de 2020 y en todas las causas en las que intervenimos por abuso de armas y extorsiones”, subrayó.

Haurigot sostuvo que “la organización y la búsqueda de sicarios para cometer estos hechos nace desde la cárcel. Las herramientas legales están, porque hay derechos que no se pueden vulnerar. El tema es la reglamentación y cómo se efectivizan esos derechos. El derecho a la comunicación lo tienen todas las personas privadas de la libertad, pero seriamente se limita y si se observa que en todos los delitos hay alguien desde la cárcel organizando a algún grupo, la mirada debe abarcar a todo ese colectivo de personas. Endurecer las condiciones de detención de un preso de alto perfil puede ser un paliativo, nunca la solución”.

Fuente: La Capital