En el marco del Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ONG Rosario Feliz convoca a una serie de actividades para visibilizar la problemática que afrontan los chicos que quedan en medio de disputas judiciales y son impedidos de tener contacto con sus padres o madres no convivientes, abuelos, tíos y familia en general. La entidad convoca este sábado 20 de noviembre, a las 15 horas, al parque Sunchales a las personas que atraviesan esa situación. Habrá charlas, meditación, sorpresas y música.

“No queremos que se judicialice la infancia ni se tomen como rehenes a los niños. Tenemos una mirada amplia y estamos para colaborar con la Justicia, pero el problema es la gran cantidad de denuncias falsas que motorizan los abogados contra los padres en el marco de los juicios de divorcio, conductas que no son sancionadas”, puntualizó Alejandro Litmanovich, psicólogo y referente de Rosario Feliz.

Según los registros a los que accedió la entidad, en los cuatro Tribunales de Familia de Rosario se tramitan unos 40 mil expedientes que atraviesan distintas instancias, entre ellos los divorcios y sus acuerdos para los regímenes de comunicación.

Proyectos familiares que no prosperan y se disuelven en buenos términos, madres violentadas y vulneradas bajo distintas formas que quedan a cargo de sus hijos y sin ayuda, resentimientos que afloran y encuentran una forma legal que traba y demora los procesos judiciales.

En ese contexto de conflictos diversos y complejos, algunos abogados más que actuar como mediadores o componentes echan más leña al fuego. Y esas disputas de los adultos tienen a veces a los hijos o hijas como rehenes, el eslabón más débil por el cual los padres y actores judiciales deben velar para que sus derechos básicos esenciales no sean vulnerados.

Ante esas circunstancias, un grupo de padres y madres alejados de sus hijos desarrolla acciones para visibilizar la situación. Se trata de “padres autoconvocados, ciudadanos independientes afectados porque no pueden ver a sus hijos, que no pueden ver a sus papás, mamás, abuelos y tíos. La ley 24.270 dice que cuando hay un divorcio o separación, el padre o madre no conviviente tiene que seguir viendo a su hijo. En ese camino lo mejor es la guarda compartida. Lo que está en juego es el interés superior del niño, el respeto por sus derechos”, enfatizó Litmanovich.

Y aclaró que no tiene nada en contra del Poder Judicial, porque “la idea es colaborar y ayudar a encontrar soluciones. Este es un problema de salud emocional enorme, tanto para los niños como para los padres o madres que no pueden ver, para los abuelos, que transitan el último tramo de su vida y desean acompañar a sus nietos”, graficó.

El profesional apeló a que “no se judicialice la infancia. Los procesos llevan tiempo y son muy engorrosos. Existe un festival de falsas denuncias de abusos sexuales con pocas pruebas y que no son sancionadas. Remontar eso puede llevar entre cinco y siete años. Eso acarrea un desgaste emocional y estrés entre las partes que tiene un costo muy alto. Sabemos que la Justicia hace lo que puede, en algunos casos hay demoras, y en otros pocos, algo de corrupción”, advirtió.

Según Rosario Feliz, no sólo se trata de varones padres impedidos de ver sus hijos. “La mayoría somos los varones, pero también hay mujeres que pasan por esto. Somos amplios en el pensamiento y para nosotros la violencia no tiene género. Acá se lucha por los niños, niñas, adolescentes, no binarios, todos tienen derecho a estar con sus afectos. Esa estrategia de tomar a los niños como rehenes no está buena”, dijo Litmanovich.

Finalmente, indico que más allá de los reclamos puntuales y las acciones que despliega la entidad (charlas, terapias grupales, apoyo psicológico) como lo hacen todos los martes en la plaza San Martín, lo importante es “colaborar, dejar una huella colectiva para que la Justicia funcione,porque ahora hay una debilidad institucional que impide trabajar con eficiencia, es por los niños y por los que fueron impedidos de verlos”.