El oficialismo presentó formalmente en el Congreso el proyecto de ley denominado “Un puente al empleo” con el que se pretende gradualmente “convertir los planes sociales en trabajo genuino y de calidad”, mediante una estrategia que vincula a las pequeñas y medianas empresas (pymes) con las organizaciones sociales y estipula que el subsidio se transforme en un ingreso formal y de acceso a obra social, aporte jubilatorio y ART para quien lo perciba.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y contempla, además un “alivio económico” para aquellas pymes que generen puestos laborales.

“Desde nuestro espacio político entendemos que el trabajo es más que un salario, es dignidad, es identidad y da sentido de vida y que, desde el Estado, debemos generar un clima de confianza y de estímulo para el empleo”, sostuvo Massa a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, al anunciar la presentación del proyecto, que ingresó a la Cámara baja.

El presidente Alberto Fernández destacó desde el comienzo de su gestión la decisión gubernamental de transformar los planes sociales en trabajo, lo cual se concretó en anuncios en diversos rubros en los últimos días.

El primer paso fue dado en agosto pasado con el sector rural, en el que un total de 250 mil personas pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones.

Luego le siguió el programa “Construir Trabajo e Igualdad”, anunciado el lunes último por el gobierno, que implica la transformación de planes en trabajo en el sector de la construcción.

Fuentes parlamentarias afirmaron que el proyecto impulsado por Massa podría comenzar a debatirse en comisión en las próximas semanas.

El proyecto, que contiene 22 artículos y tiene como objetivo principal “transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad”.

Entre los ejes centrales de la iniciativa se destacan:

• Podrán acceder los trabajadores y trabajadoras de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

• Podrán mantener por 12 meses el plan social como complemento al salario.

• Accederán a la obra social y ART.

• Tendrán la posibilidad de capacitarse y completar cursos de formación de oficios en el marco de “Un Puente al Empleo”.

En tanto, para las empresas pymes y mipymes estipula una serie de beneficios como:

• Una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, y establece como tope máximo una suma equivalente a dos salarios mínimos por cada trabajador. Este requisito tendrá validez para las empresas que posean una nómina de entre cinco y 20 empleados, según establece el proyecto.

• Un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias para que las mipymes puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley.

De esta forma, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.

Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.

De todas formas, para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta por 60 meses.

Para poder acceder a estos beneficios, las mipymes no podrán reducir la nómina laboral ni tener ningún empleado no registrado, y no deberán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el Repsal.

Massa afirmó que “una ley no es una solución mágica” y contextualizó: “La Argentina en el 2002 tenía más de un millón de planes Jefes y Jefas, en el 2015 llegó a 150 mil y, en el 2019, superó los 700 mil planes sociales. Hoy tenemos el desafío de construir un puente de los planes sociales al empleo genuino”.

“Estamos promoviendo una herramienta que permite a las pymes, a las provincias, a los municipios, y a los actores de la economía popular tomar el plan (social) como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio”, dijo Massa y señaló que “pretendemos construir un camino virtuoso para la transformación de los planes sociales en empleo genuino y de calidad”.