Con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Casa Rosada creó un Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable que se encargará la licitación y adjudicación de la denominada hidrovía del Paraná. Se trata de un paso más en la búsqueda por reorientar una actividad clave, sensible y millonaria para el país: la explotación de un corredor equivalente a una autopista para barcos, donde la tarea principal consiste en controlar en detalle el tráfico de cargas de los buques, mantener las condiciones de navegabilidad (profundidad del canal del río), el acceso a los puertos y la señalización, entre otras actividades, a cambio del cobro del peaje al tránsito de embarcaciones que, según distintos cálculos, resulta una facturación anual aproximada a unos 200 millones de dólares.

El nuevo organismo estatal, descentralizado y con financiamiento propio, según especifica el DNU 556/2021, tendrá su sede en Rosario y se integrará con un directorio de 15 miembros: un presidente, tres vicepresidentes y once vocalías, de las cuales siete corresponderán a cada una de las provincias que integran el sistema que toca el Paraná.

De ese modo, la Casa Rosada incorpora a las provincias a la toma de decisiones, a la vez que se preserva conformar la mayoría absoluta necesaria en el caso de controversia (ocho de 15 miembros) y garantiza el funcionamiento -desempata la presidencia-.

Según el DNU, el nuevo ente que se desempeñará en al ámbito del Ministerio de Transporte nacional tendrá la misión de velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del Estado nacional y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marcos contractuales y regulatorios, mediante el ejercicio de la actividad de auditoría, control, inspección, regulación y seguimiento de las materias administrativas, ambientales primarias, económico-financieras, legales, determinación y/o modificación de traza, tarifarias y técnicas de los contratos de concesión de obra pública y otros que pudieran realizarse para el desarrollo de trabajos de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de dragado y redragado, control hidrológico y/o de actividades complementarias a aquellos, sobre la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales, en el río De La Plata exterior, y de aquellos sectores que el Ejecutivo le asigne en el futuro.

La creación del ente encargado de licitar la nueva concesión de la hidrovía constituye un primer paso en el pase de manos del control total de los concesionarios privados, las empresas Jan de Nul (belga) y la argentina Emepa, que contaban con una prórroga en sus contratos de concesión por 90 días (habían vencido en junio pasado).

Según fuentes del gobierno, es posible que en el próximo cuatrimestre, y coincidiendo con el cambio del año calendario 21/22, finalmente se concrete la primera etapa de licitación. Con todo, el nuevo ente tendrá un directorio muy amplio (15 miembros), con participación directa de al menos tres ministerios del Ejecutivo nacional y las siete provincias involucradas, una composición que es vista desde algunos sectores bonaerenses “como una integración demasiado diversa que podría complicar su operatividad”.

De un modo poco habitual, confirmando la sensibilidad que provoca el destino político en el manejo de la hidrovía y para no dejar dudas sobre el respaldo unánime del Ejecutivo nacional, el DNU lleva la firma de los 21 ministros del gobierno de Alberto Fernández(suelen firmar los decretos únicamente los funcionarios ligados al tema).

Si bien no lo dice de un modo taxativo, la letra del DNU tampoco le impide al nuevo organismo fraccionar la traza del río en distintas secciones, licitar por partes, e incluso crear una empresa pública que administre y explote algún sector del tráfico fluvial. El ente, al cabo, no estará obligado a licitar toda la traza en un mismo pliego y luego ceder a una única empresa (que gane la licitación). Será determinante sobre quién recaiga la presidencia del directorio del organismo (nombrado por Fernández). Y qué orientación política se termine imponiendo en los detalles de la licitación, por ahora no establecidos.

Que el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable tenga su sede en Rosario se interpreta como un reconocimiento explícito a que el centro de gravedad del gigantesco sistema exportación de commodities tendrá injerencia en los destinos de la hidrovía, como ocurrió desde la creación del sistema, hace 25 años, a la actualidad.

Los sectores que pujan por destronar la hegemonía exportadora sojera, aceitera, de Rosario y su zona de influencia miran con desconfianza ese aspecto. Aunque, no está dicha la última palabra: si la presidencia del ente recae sobre un representante del conjunto de intereses de las provincias y el Estado nacional, sería un escenario. Otro, distinto, sería que el hipotético titular del directorio exprese, por caso, a un subsector muy influyente como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).