Los habitantes de Villa La Ribera, poblado que pertenece a Andino y a Oliveros pero con identidad y problemática propias, llevaron sus reclamos a la Defensoría del Pueblo de la provincia y a la de la Nación. Sus pretensiones: que se tomen las medidas y se realicen las obras tendientes a impedir que el tránsito pesado siga pasando por el ejido urbano, algo que les trae innumerables inconvenientes en la vida cotidiana, sobre todo en la época de la cosecha gruesa.

Los vecinos acudieron a las oficinas de las defensorías como miembros de una población afectada en sus derechos e intereses propios y colectivos, por “hechos, actos, omisiones y daños continuos y permanentes, prima facie provocados, o como mínimo autorizados, por las administraciones públicas comunales, provincial y nacional”.

Como ya lo afirmaron y lo han denunciado en reiteradas oportunidades, ellos aseguran que este hecho “se relaciona con los peligros a la vida, el daño a la salud y otras molestias, como así también el daño ambiental que el incesante tráfico de camiones que pasa en su camino a las terminales portuarias de Timbúes, por un sector de la ruta provincial 91 a cuyos márgenes se asienta la localidad de Villa La Ribera”.

El objetivo es, por un lado, que los defensores actúen en pos de los derechos e intereses de esta población y exijan a las autoridades nacionales, provinciales, o “a quienes corresponda”, diversas medidas. Entre ellas, el diseño de un anteproyecto definitivo de las obras de infraestructura vial a realizar, dentro de un plazo determinado, pues a la fecha “no se sabe en forma fehaciente si existe un documento de ese estilo”, afirman.

Por otro lado, el colectivo de habitantes requiere el cese de “los daños continuos sufridos por los vecinos, tanto a nivel personal, comunitario, como así también, el que se ha causado y sigue causándose al medio ambiente”.

Los vecinos firmantes fueron rápidamente convocados desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, para el 28 de junio. En esa fecha, una parte de los firmantes mantuvo una reunión por Zoom con personal del área específica de Medio Ambiente de ese organismo. “Profesionalmente atendidos y escuchados por una funcionaria de la delegación Rosario”, pudieron explicar los alcances de la denuncia y “la necesidad de implementar a la brevedad las medidas solicitadas”, aseguran.

Los denunciantes son habitantes permanentes de la localidad de Villa la Ribera o zonas aledañas, como el barrio de Oliveros conocido como Villa de los Rosarinos, o los de Timbúes Costa Ribera y El Indio.

La población está ubicada sobre la margen izquierda del río Carcarañá y es atravesada por un tramo de la ruta provincial 91 que se inicia en el acceso a la autopista Rosario–Santa fe y culmina en la ruta nacional N° 11. La ruta 91 es utilizada para dividir jurisdiccionalmente a la villa: al sur pertenece a la comuna de Pueblo Andino, y al norte, a Oliveros.

La localidad pertenece completamente al departamento Iriondo. A sus costados se conecta con dos importantes vías que la enmarcan; de un lado, por el oeste, la autopista Rosario-Santa Fe, y del otro, por el este, la ruta nacional 11.

Concretamente, los vecinos pidieron ante los organismos provincial y nacional que “con carácter de urgente notifiquen la radicación de la denuncia y consiguiente promoción de las actuaciones a todas las autoridades competentes con jurisdicción nacional, provincial, municipal y comunal, como así también a ciertos organismos descentralizados y personas de derecho privado”.

En Segundo término, les piden que requieran a las autoridades “la articulación e impulso de las medidas conducentes para hacer cesar los daños y situaciones de peligro denunciadas”.

Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos que denuncian? Ellos mismos lo dicen: “Dificultad y riesgo de acceso a la ruta 91 para los habitantes de Villa La Ribera y alrededores; dificultad para circular por las vías de comunicación de la zona; mal estacionamiento de los camiones; dificultad e imposibilidad de acceder o salir de sus propios domicilios frente a distintas situaciones (trabajos, colegios, asistencia a médicos, emergencias); daño material; mala señalización; daño a la salud; daño ambiental (emanaciones tóxicas de los escapes/motores, cereal que cae de los camiones al piso y el que se volatiliza, residuos de todo tipo arrojados por camioneros; ruidos molestos, y falta de obras de infraestructura necesarias)".

Lo que exigen es el “cese de los daños”, la toma de medidas por parte de las autoridades y la producción de medidas de prueba para demostrar el perjuicio causado a los habitantes de la zona y al medio ambiente.

En relación al peligro a la vida provocado por el incesante tráfico de camiones, se requirió a las autoridades, por medio de las defensorías, que instrumenten controles permanentes de tráfico y estacionamiento, durante las 24 horas por personal debidamente capacitado; como así también reparación de calzadas, pavimento que provoca el tránsito de camiones y la debida señalización del camino y accesos”.

Los habitantes pretenden que se constituya una comisión interjurisdiccional, con un organismo al frente que “inicie las investigaciones, evaluaciones y eventualmente verificaciones del problema de contaminación atmosférica planteado en la zona de La Ribera y alrededores y realice un informe final con las conclusiones y recomendaciones obtenidas”.

En una extensa presentación de más de 60 fojas, piden que se articulen los mecanismos necesarios para que el Consejo Federal de Medio Ambiente (Confema) exija y controle la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.

En forma residual, y para cualquier eventualidad que retrase la convocatoria y formación de los organismos sugeridos, se les insta a la formación de un “comité transitorio de crisis que coordinará todas las acciones que deban realizarse con motivo de esta denuncia”.

Pero más allá de estas consideraciones, que son de tipo jurídico y apuntan a una intervención frente a la coyuntura, hay un tema central, que los vecinos, debidamente asesorados, plantean en estos términos: requieren que “en un plazo de 30 treinta días hábiles se diseñe un plan de obras viales para solucionar en forma definitiva el problema de tránsito existente en la zona, detallando en forma pormenorizada todos sus aspectos constructivos, técnicos, científicos, económicos y su plazo de ejecución. Todo conforme pautas brindadas por la legislación vigente”.

Por lo demás, quieren que "se instrumenten los mecanismos de consulta y participación ciudadana previstos en la legislación respectiva”. Es decir, que se les requiera concretamente a las autoridades una “convocatoria a la población para una audiencia pública “a fin de informar, escuchar su voz y opiniones, sobre la realización de futuras obras viales o de infraestructura vial que se planifiquen”.

Pero no es solo eso. También exigen a las autoridades de todos los niveles la articulación e instrumentación de una serie de acciones tendientes a evitar la ampliación y profundización de los riesgos y daños que aquí se han denunciado”. Y es más: “Que la autoridad competente disponga la suspensión de toda habilitación relacionada con la ampliación de instalaciones y la localización de nuevas terminales portuarias en el sector habilitado en el distrito Timbúes, hasta tanto se concluyan los estudios propuestos en la denuncia”.