En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal de Rosario aprobó una iniciativa para poder multar económicamente a los organizadores de fiestas clandestinas en la ciudad. Se trata de una modificación al Código de Faltas para incorporar sanciones que llegan hasta los 2 millones y medio de pesos a las personas que faciliten este tipo de eventos durante la emergencia sanitaria.

De acuerdo a la ordenanza, se considerará organizadores de fiestas clandestinas a “los propietarios, poseedores, tenedores de establecimientos, casas, quintas, fincas u otro tipo de inmuebles, sean personas físicas o jurídicas ubicadas en la ciudad de Rosario, donde se realicen actividades de baile y/o cualquier tipo de espectáculos donde se compruebe la venta de entradas, de alcohol, y/o el ingreso masivo de personas, sin la habilitación correspondiente”.

“A causa de la pandemia se incrementó la realización de reuniones sociales multitudinarias incumpliendo las normas vigentes por lo tanto entendemos que es esencial implementar medidas que contrarresten la generación de eventos, reuniones o fiestas privadas ilegales o clandestinas, que ponen en riesgo la salud de todos por realizarse sin las medidas sanitarias ni de seguridad correspondientes” explicó la presidenta del Concejo y autora de la iniciativa, María Eugenia Schmuck.

La multa está estipulada en Unidades Fiscales (UF) que van desde los 2.300 a los 4.600. Cabe señalar que estas UF se valúan de acuerdo al litro de nafta súper de YPF, actualmente en $98, lo que da una sanción máxima de $450.800. Además, en el caso de que las fiestas clandestinas se realicen en locales comerciales, se aplicará también una clausura de hasta 90 días. 

Según explicó Schmuck, en el caso de que la fiesta clandestina se realice durante la emergencia sanitaria, la multa se elevará hasta las 25 mil UF, lo que representa unos 2 millones y medio de pesos. A eso se le suma la posibilidad de decomisar todos los elementos que han sido utilizados para la realización del evento e inhabilitación de hasta 180 días cuando se traten de comercios habilitados.

“La intención es otorgarle herramientas de más peso y más severas al municipio para poder actuar sobre quienes promueven, participan o facilitan este tipo de reuniones masivas, que están prohibidas y que han puesto en jaque las estructuras sanitarias en la ciudad y en la región”, concluyó.