La polémica sobre el lenguaje inclusivo llegó a la Legislatura.Esta semana se presentó en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone que se prohíba en cualquiera de sus formas su uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos. El texto se giró a la Comisión de Legislación General que preside la diputada Cecilia Moreau.

La iniciativa de las abogadas Patricia Alejandra Paternesi y Cynthia Roxana Ginnicuenta con la adhesión de Félix Lonigro, asesor del diputado del PRO Pablo Tonelli. Pide que no se reemplace con “x”, “e”, “@” el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina.

Asimismo, propone que la norma sea aplicable a todos los documentos y/o actos oficiales emitidos por cualquiera de los tres poderes del Estado en todos sus niveles, así como a las escuelas tanto primaria, secundaria y universitaria y demás establecimientos educativos del país y además que se deroguen todas las disposiciones que se opongan o limiten los alcances de la normativa.

El proyecto apunta a evitar “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje” y destaca la necesidad de eliminar, según el criterio de sus autoras, “los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso del mismo”.

En ese sentido, considera que los niños van formando su lenguaje los primeros años de su vida y que “su mala utilización podría no sólo obstaculizar la lectoescritura y su comprensión, sino también significar una barrera para aquéllos que tienen más dificultades”.

Al exponer sus fundamentos se recuerda que en España, a principios de 2020, la Real Academia Española elaboró un informe sobre el lenguaje inclusivo a raíz de una petición de la vicepresidente del gobierno español, que pretendía modificar el texto de la vieja Constitución de 1978 por considerarla “machista”.

Los proyectos presentados por la sociedad civil, suelen ser tomados por algún diputado. La reforma constitucional de 1994 incorporó el derecho de iniciativa de los ciudadanos para presentar proyectos de ley, con algunas limitaciones.

El artículo 39 de la Constitución Nacional determina que “los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses”. Además, determina que “no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”.

Una iniciativa similar fue presentada por los legisladores de Juntos por el Cambio, específicamente por Alberto Aseff, cuyo proyecto propone erradicar la marca morfológica del lenguaje español, que implica una alteración de la gramática lingüística, así como cualquier otro tipo de incorporación de enfoque de género en la educación formal y textos oficiales públicos y privados, que no esté reconocido por la Real Academia de la Lengua Española.

El texto lleva las firmas, como coautores, de Jorge Enríquez, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, David Schlereth, Laura Carolina Castets, Alfredo Schiavoni, Gustavo Hein, Pablo Torello y Gerardo Cipolini.

Aseff considera que el lenguaje inclusivo se trata de una “deformación del idioma”, y propuso “erradicar su marca morfológica en el lenguaje español”. En los fundamentos de su iniciativa indica que "es importante no confundir el género gramatical (categoría que se aplica a las palabras), el género como construcción sociocultural (roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo) y el sexo biológico (rasgo biológico propio de los seres vivos)".