La Cámara de Bahía Blanca determinó que las jubilaciones deberán recibir la diferencia que se generó entre los aumentos pordecreto, de los cuales reconoció su validez, al igual que la suspensión de la fórmula de movilidad,  y el incremento de 42,13%, que se hubiera dado de acuerdo a la fórmula que fue reemplazada.

"La movilidad reconocida por los decretos dictados, que varió entre un 24,28% y un 35,31% ­según el monto del haber­, ha resultado inferior económicamente al incremento que le hubiere correspondido a todos los beneficiarios durante el año 2020, de haberse aplicado el suspendido art. 32 de la ley 24.241, cuya movilidad arroja un incremento equivalente a un 42,13%", explicó el fallo de los jueces de Cámara Pablo Esteban Larriera y Leandro Sergio Picado en el marco de la causa "Martínez, Eduardo Rubén, c/ Anses, s/ Reajustes varios”, originaria del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca.

En sus fundamentos, los magistrados explicaron que la movilidad jubilatoria es un derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y debe garantizarse su "efectivo cumplimiento". Sin embargo, destacaron que no existe un "derecho adquirido" a mantener en el tiempo una determinada fórmula de movilidad jubilatoria.

Los jueces destacaron que, consecuencia de la emergencia pública, el Poder Legislativo resolvió suspender la aplicación de la movilidad y que, una vez cumplido el plazo de dicha emergencia, corresponde analizar si existe diferencia entre la movilidad suspendida y la que fue otorgada por decreto. En tal sentido, deberán "restituirse las sumas no otorgadas", detallaron en su resolución.

El fallo judicial resolvió que, en consecuencia, "deberá la administración integrar el haber previsional de diciembre 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta".