La segunda ola de contagios está pegando con fuerza en Rosario, que ya superó los mil casos diarios y el viernes sumó 35 fallecidos. Pero además de la compleja situación sanitaria, está la económica, y no sólo por las actividades que se vieron afectadas por las nuevas restricciones, sino que también a los sindicatos locales empieza a preocuparles el alto costo económico que implica para sus obras sociales solventar los gastos médicos.

“Un paciente con coronavirus que requiere de asistencia mecánica respiratoria implica un gasto diario de entre $40.000 y $50.000 sólo en medicamentos, oxígeno y alimentos”, sentenció Antonio Donello, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario. Ese número no cuenta gastos de cama, limpieza ni personal médico.

“El costo de la medicación para pacientes intubados nos subió un 600% respecto al año pasado, y el resto de los insumos tuvo ajustes no menores al 200%. Con un aumento salarial del 35%, ¿cómo hacemos para hacer frente a estos mayores gastos?”,se preguntó el dirigente sindical.

En el caso de su sanatorio, contaban con 14 camas críticas a las que agregaron otras seis durante el fin de semana, y en el inicio de esta semana ya tenían 18 de ellas ocupadas. Una cuenta rápida marca que el gasto diario es de cerca de un millón de pesos sólo para pacientes covid con respirador. De hecho podrían sumar unas diez camas más, pero lo harán si desde la Provincia les garantizan hacerse cargo de los costos.

“Hay casos graves que requieren más de 20 días de internación, lo que eleva muchísimo la cifra. Todos los sindicatos con sanatorios están igual, y los privados también más allá de que por ahí pueden conseguir una baja en los gastos al comprar en cantidad”, señaló el dirigente gremial que tiene fuerte peso entre sus pares locales.

Hasta el momento las obras sociales sindicales vienen cubriendo el desfasaje con aportes de la recaudación del sindicato, pero están llegando al límite y preocupa el futuro teniendo en cuenta que todavía no se llegó al pico de casos. La situación fue planteada a nivel nacional por la CGT al Gobierno, que estaría estudiando algún tipo de salvataje con un aporte extraordinario de $11.400 millones, más la obligación a que los trabajadores permanezcan al menos un año afiliados en sus prestadoras sindicales de origen para que a estas no les bajen los ingresos.

El acuerdo estaría pronto a rubricarse, pero mientras tanto se deben hacer malabares para afrontar costos crecientes con una caja cada vez más chica. De allí que muchos gremios hayan reclamado y luego apoyado medidas más restrictivas como las que rigen en Santa Fe desde este jueves, teniendo en cuenta la disparada de contagios y la necesidad de atender la salud de cada afiliado.