La contienda entre la Municipalidad y Cabify por la habilitación de la aplicación de traslados sumó un nuevo capítulo, ya que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó el amparo presentado por la empresa por el cual la plataforma había vuelto a ser habilitada para operar en la ciudad, en febrero de 2020. De esta manera, la aplicación de viajes y traslados no podrá continuar operando en Rosario.

A principios de julio de 2019, la aplicación se relanzó en la ciudad, en el medio de una polémica con los taxistas ya que la fusión en ese entonces con Easy Taxi demandó que la empresa migre los usuarios de una plataforma a otra. Además, pensaban en ofrecer "en el corto plazo" un sistema para alquilar monopatines y motos.

Diez días después, la Secretaría de Transporte municipal suspendió preventivamente a Cabify y le dio 48 horas para que ajuste sus actividades a la habilitación que le fue otorgada por la Municipalidad, que es la de agencia de apoyo para el sistema de remises. Cumplido ese plazo y en caso de que hubiera un nuevo incumplimiento por parte de la firma, lo que estaría previsto de acuerdo a la normativa vigente es la revocación definitiva del permiso otorgado.

El 16 de julio, la Municipalidad decretó la caducidad de la habilitación de Cabify a raíz de "reiterados y graves incumplimientos" en las ordenanzas vigentes. La medida fue anunciada por la entonces secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, quien había asegurado que "no hay vuelta atrás".

Esa resolución llegó horas después de conocerse que un taxi y dos remises habían sido remitidos al corralón al constatarse que estaban trabajando para Cabify, a pesar de que la empresa estaba suspendida preventivamente por infringir las ordenanzas. Uno de los vehículos fue secuestrado en San Luis al 3600 y los otros dos en Ingeniero Thedy al 100.

Cabify no se quedó de brazos cruzados ya que en febrero del año pasado, la plataforma presentó un amparo que le permitió operar en Rosario, luego de que un juzgado Civil y Comercial de los Tribunales provinciales hiciera lugar a la acción contra la Municipalidad. Según la Justicia, el procedimiento administrativo fue ilegal, no respetó el debido proceso ni se le informó a Cabify cuáles eran las imputaciones, punto central para que ejerciera su derecho a defensa.

La compañía solicitó que se declaren ilegales dos resoluciones municipales, entre ellas la Nº 119/19, a través de la cual se resolvió la caducidad definitiva de la licencia. Entre una y otra, según Cabify, ni siquiera tuvo margen para tomar vista del expediente administrativo.

Principalmente tildó de “excesiva y desproporcionada” la medida, lo que además le imposibilitó conocer la imputación que se le efectuaba y acceder previamente al expediente para efectuar un descargo o subsanar su situación.

La gestión local, a través de la Dirección General de Licencias y Habilitaciones para la Movilidad, presentó un informe indicando que algunos de los operadores de Cabify no se encontraban en regla, y que la empresa había iniciado una campaña publicitaria que incumplía lo acordado.

Al comparecer en el expediente, la Municipalidad rechazó el amparo. Explicó que el acto administrativo que se intentaba impugnar no estaba firme, y que el resultado que la empresa perseguía por vía judicial lo podía obtener en el expediente que se sustancia en el Palacio de los Leones.

Sin embargo, para la jueza Lucrecia Mantello resultó "evidente que en la instancia administrativa se vulneró el derecho a ser oído, a producir prueba de descargo, violando el derecho de defensa y el debido procedimiento, circunstancia que fue advertida por la propia administración ya que mediante una resolución posterior intentó subsanar su desatino”.

La jueza admitió el amparo, algo que en ese entonces implicó que la aplicación pueda volver a funcionar. Ahora, la Justicia rechazó ese amparo, por lo que Cabify no podría continuar funcionando en Rosario.