El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes. En el caso particular de Santa Fe la empresa Litoral Gas solicitó un ajuste para la tarifa de distribución sobre el componente de distribución del 51,62% a partir del 1º de abril de 2021, que en los hechos significa para un usuario residencial un incremento de la tarifa del orden del 11%.

El representante legal de la compañía distribuidora de gas que opera en la provincia, Carlos Rodolfo Lufft, explicó que por el “significativo aumento de costos” y “para permitir la normal provisión del servicio” en las condiciones actuales “se solicita un ajuste para la tarifa de distribución sobre el componente de distribución de 51,62% a partir del 1º de abril de 2021”.

Rápidamente explicó el impacto de este incremento en la tarifa según el tipo de consumidor. Por ejemplo, un usuario residencial, R23, que hoy paga $1.339 pasaría a pagar $1.492, es decir que registraría una variación de $153, y el aumento sería de 11,46%. Una pyme, segmento SGP3, que hoy paga $124.700 pasará a abonar $130.221, sufriría una suba de $5.521 mensuales, es decir su tarifa saldría 4,43% más que en la actualidad.

Además, Lufft detalló que el GNC se incrementaría 3,77% y el gas industrial 1,81%.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, abrió el encuentro que se llevó a cabo de forma virtual, y afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar “tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva”.

“El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva”, subrayó Bernal.

El funcionario destacó que, “a partir de la decisión del presidente plasmada en el Decreto 1020/20, se inauguró en la Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes”, y afirmó que, “con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos”.

Además, remarcó que “la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía”, y afirmó que “la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo”.

“Y cuando a la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energéticamente hablando, como se lo enfermó recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (más de 9 millones de personas) en apenas tres años”, puntualizó el interventor del Enargas.

Aseguró que “no hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles, ni cómo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles”.

También, señaló que, en el caso de la salud, “bajo un techo sin energía, en invierno nos morimos congelados, y cualquier día o noche fríos, nos enfermamos”.

“Sin energía, no hay cómo estudiar, cómo prender una computadora, cómo trabajar. Sin tarifas justas, razonables y promotoras del desarrollo, y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercios, no hay industrias de ningún tamaño, no hay producción”, remarcó Bernal.

Así lo expresó en el marco de la audiencia pública que se celebró este martes y continuará este miércoles, dado que se inscribieron más de 200 personas para participar. De acuerdo con lo previsto en este proceso, luego habrá un período de 30 días hasta que el Enargas se expida sobre un nuevo esquema tarifario de transición.