El fallo judicial que frenó el proceso de licitación para la compra de armas para la policía tuvo su primera repercusión en la Legislatura provincial. La Cámara de Diputados aprobó en la sesión del jueves un pedido de informes impulsado por el legislador Juan Cruz Cándido, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja.

“En tantos años de experiencia pública nunca vi que se frene una licitación. A veces, las objetan o se piden informes, pero que la Justicia le diga al gobierno que no siga adelante en una licitación en algo tan sensible como la adquisición de armamento, es porque es muy gruesa la falta de apego a la transparencia”, afirmó Clara García, legisladora del Frente Progresista Cívico y Social.

García objetó el proceso de adquisición de armas porque el Gobierno provincial habría presentado un pliego de licitación a medida de una sola empresa. El punto de la discordia tuvo que ver con una serie de siete u ocho ítems o productos, pero debían ser aportados por una sola empresa, según se desprendía del pliego.

Esa disposición dejaba fuera de competencia a la empresa Bersa, fabricante nacional de pistolas, que pretendía ofertar sólo en rubro de armas de puño. La compañía presentó un pedido de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo que salió a su favor. El tribunal ordenó suspender el proceso licitatorio para que el gobierno provincial brinde las razones que tuvo para modificar con una cláusula el pliego licitatorio y ejerza su derecho de defensa sobre la legitimidad de su determinación dado que, dice el tribunal, no habría dado respuestas a los reclamos de la demandante.

García señaló que según el fallo judicial, “la descripción que hacía el pliego estaba sacada de la página web del único candidato en condiciones de ofrecer todos los productos. La legisladora frentista sostuvo que eso “es muy grueso. No cabe duda de que es al menos una falta de atención. Pero además hay una llamada de atención interna del área de Contrataciones de la provincia previo a este fallo. Esta situación nos preocupa doblemente. Alguien quiso hacer una trampa con la compra, pero además se demora la adquisición de algo tan sensible como el armamento que necesita la policía”.

Por su parte, el diputado Juan Cruz Cándido, autor del pedido de informes que se aprobó el jueves, explicó que se detectaron irregularidades en la confección del pliego “que hacen suponer un intento por favorecer a una única empresa”. En ese sentido, el legislador de la Unión Cívica Radical, pero integrante del Frente Progresista, explicó: “Cuando se hace una licitación, se la ordena por ítems. Por ejemplo, fusiles, pistolas, ametralladoras. Cada empresa puede participar en la licitación ofreciendo cada uno de esos productos”.

“En este caso, la licitación se hizo por renglón, es decir se agrupó todos esos artículos en una única categoría, lo que impide que otra empresa ofrezca alguno de esos artículos. Si una ofrece pistolas de buena calidad a precios razonables, pero no puede vender o producir fusiles , no se puede presentar en la licitación”, agregó.

“Y en el fallo de la Justicia se plantea que hay una única empresa en la Argentina que está en condiciones de vender todo eso. Con el agravante de que el pliego de especificaciones técnicas de las armas fue trascrito del catálogo de la empresa que, se infiere, se verá beneficiada”.