El Senado provincial autorizó la creación de una comisión legislativa para conocer el estado de las causas penales que tramitan los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), recibir denuncias sobre los hechos que se investigan y requerir y recibir declaraciones testimoniales entre otras atribuciones.

La llamada Comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del Funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación estará integrada por seis senadores a propuesta de los diferentes bloques, y dispondrá de un presidente, un vicepresidente y un secretario. Fue impulsada por el voto positivo de doce senadores en tanto que cuatro votaron en contra con una fuerte crítica a su constitución.

La iniciativa fue presentada por el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). El legislador fundamenta su iniciativa en que la comisión asegurará la revisión de prácticas del sistema penal además de actos u omisiones que sus funcionarios "llevan a cabo en su accionar cotidiano y que afectan, en forma positiva o negativa, el goce de los derechos fundamentales que deben primar en todo proceso penal".

"En los últimos tiempos, muchos causas o procedimientos judiciales han tenido una gran repercusión pública por las medidas que han puesto a la vista fallas en el accionar de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y que cuestionan directamente ante la ciudadanía la imagen institucional del organismo, pues evidencian el actuar corrupto de algunos fiscales, la liviandad al llevar adelante imputaciones o las fallas en la investigación penal preparatoria", sostuvo Pirola al impulsar la comisión.

Entre estos casos recordó la participación de diferentes funcionarios que pertenecen a la Fiscalía Regional 2 que fueran imputados por posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados, todos en concurso ideal y en grado consumado, en referencia al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, que se encuentra preso desde agosto pasado al igual que el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.

En este caso justamente surge una situación que es actualmente motivo de una controversia no saldada. Ocurre que dos fiscales del MPA de Rosario aducen que hay prueba para acusar por este mismo delito a uno de los legisladores que votó por la creación de esta comisión investigadora del MPA.

El planteo de Pirola recuerda casos donde hay fiscales bajo sospecha de mal desempeño o delito como por ejemplo el fiscal Martín Castellano de la Regional de Rafaela, la fiscal encargada de la investigación del asesinato del empresario Hugo Oldani en Santa Fe, que para los votantes del proyecto ponen en duda el desempeño del MPA.

La determinación del Senado parece inscribirse en un nuevo duelo entre poderes del Estado ya que el MPA tiene una auditoría general interna permanente por su ley orgánica. Y también prosigue la disputa al interior del justicialismo ya que los representantes de ese partido en el Senado, que actúan en bloques divididos, votaron de manera antagónica.

El Bloque Lealtad, conformado por los cuatro senadores justicialistas más cercanos al gobernador Omar Perotti, expresaron en un comunicado su preocupación por la creación de la comisión, contra la que votaron. Marcelo Lewandowski (Rosario), Alcides Calvo (Castellanos), Marcos Castelló (La Capital) y Ricardo Kaufmann (Garay) consideran que se cometería una grave intromisión al MPA y en consecuencia un avasallamiento del Poder Legislativo al Poder Judicial en su conjunto.

"El MPA cuenta con sus propios sistemas de control, que fueron modificados en diversas oportunidades. De ello se desprende por un lado las facultades de control que tiene asignada la Comisión de Acuerdos mediante la Ley Nº 13.865. Y por otro que aún está pendiente la resolución de nuestra Corte Suprema de Justicia provincial respecto a la constitucionalidad de dicha norma", indicaron.