La audiencia imputativa por el delito de contaminación contra ex directivos de Petroquímica Capitán Bermúdez y contra el ex fiscal regional Patricio Serjal, por haber accionado contra esa causa judicial comenzó este lunes en los Tribunales de San Lorenzo. Fuentes judiciales indicaron que el trámite pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 5 de marzo.

Según confirmaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, sólo alcanzaron a ser imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento Serjal y el entonces fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, a quienes acusan de haber obstaculizado el avance de una causa ya de por sí muy trabada.

Sin embargo, los fiscales no pudieron avanzar con las imputaciones previstas para los empresarios Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego. En tal sentido, la audiencia continuará el próximo 5 de marzo, cuando se seguirán discutiendo las imputaciones y posteriormente las medidas cautelares.

La causa remite a un informe de 2015 de Medio Ambiente de la provincia sobre la actividad de la Petroquímica Capitán Bermúdez, que presentaba por esos días instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas para la fabricación de sustancias como cloro o clorobenceno. El informe motivó a la Casa Gris a ordenar a Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales contra sus directivos.

En la audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de San Lorenzo iban a ser imputados los empresarios Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego. Además de Serjal, que pese a contar con dictámenes que registraban la evidencia de la contaminación en dos pericias distintas, ordenó interrumpir la causa que imputaba a los directivos de la empresa por constatado daño ambiental contra la salud humana.

En principio a los Tasselli y a Gallego se les preveía imputar contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos, un delito especial regulado por la ley nacional 24.051, que supone penas de tres a diez años de prisión, excepto cuando el resultado de esa acción produzca una muerte. Allí las sanciones pueden llegar hasta 25 años.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra creen como muy posible que Serjal haya aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que había ocasionado un daño ambiental irreversible, por la misma lógica que motivó su protección al juego clandestino, delito que lo tiene preso hace seis meses: el cobro de sobornos.

El actual expediente obedece a una causa de 2015 que ha sido repetidamente interrumpida. Incluso una audiencia prevista para diciembre pasado fue suspendida por un juez que la consideró cosa juzgada, lo cual fue rebatido en segunda instancia.