Antonio Zula Donis tiene 49 años es guatemalteco y padece una cirrosis hepática descompensada que, de acuerdo a la evaluación médica, lo pone en riesgo de vida. Con ese cuadro, tras sortear las dificultades de la pandemia de Covid-19 y de fronteras cerradas, logró llegar a Rosario a principios de octubre junto a su esposa para llevar adelante estudios complementarios y poder determinar si un trasplante de hígado un donante vivo podría evitarle la muerte. Sin embargo, ni su pareja ni su hermana podrían convertirse en donantes tanto por el tamaño de sus hígados como por la distribución de las estructuras anatómicas. Su cuñado desde hace 20 años, Edy Rolando Ávila Valenzuela, era su única posibilidad de sobrevida y se ofreció voluntariamente a ser el donante. Sin embargo, la legislación argentina se lo impedía por no tener lazos de consanguinidad y tuvieron que recurrir a la Justicia Federal, que les dijo que sí y habilitó los trámites administrativos para que la intervención se lleve adelante en los próximos días.

El nexo con Guatemala, un país donde solo se realizan trasplantes renales de donantes vivos, fue el médico Andrés Ruf. El integrante del equipo de Trasplantes del Hospital Privado de Rosario (HPR) conoció el caso en un viaje de trabajo al país latinoamericano, cuando un colega le realizó una interconsulta e incluso llegó a evaluar al paciente. E incluso desde enero el caso era conocido por las autoridades del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio).

Zula Donis sufre una cirrosis hepática descompensada de etiología alcohólica y su única posibilidad de sobrevida es la de un trasplante de hígado. La urgencia del caso la remarcó el propio Ruf en el informe presentado a la Justicia y que es parte del fallo, donde detalla que “a pesar de la abstinencia completa del consumo de alcohol hace más de un año, no presentó mejoría clínica alguna”, y más aún, el cuadro presentó complicaciones “lo que le confiere un elevado riesgo de muerte, que se puede estimar en alrededor de 20 y 30 por ciento de mortalidad a 90 días”.

Como a todo desde marzo pasado, y pese a tener la cobertura de su seguro médico, el contexto de la pandemia hizo que llegar a Rosario no fuera nada fácil. Una vez lograda la visa para ingresar y permanecer en el país para un tratamiento médico hasta enero de 2021, el 6 de octubre pasado el paciente llegó a Rosario junto a su esposa y su hermana, ambas en un inicio las potenciales donantes.

Sin embargo, allí surgió el primer escollo, y es los estudios médicos determinaron que ninguna de las dos mujeres eran donantes aptas para él no solo por el tamaño de sus hígados, sino por la distribución de las estructuras anatómicas ya que el principal condicionante para este tipo de donaciones es el tamaño del órgano.

Y el argumento médico de esa condición es que para llevar adelante la intervención “se debe extirpar el 60 por ciento del hígado del paciente sano, que luego se regenera, para implantarlo en el receptor”,explicaron las abogadas Julia Canet y Carina Mazzeo, que como representantes legales del paciente, intervinieron a partir de ese momento.

Es que con ese escenario, el único que se convirtió en donante viable era su cuñado, casado desde hace 20 años con la hermana del paciente, y que “en forma voluntaria y altruista se ofreció a donarle el órgano”, indicaron las letradas.

Y allí debieron afrontar una nueva dificultad, ya que de acuerdo a la legislación argentina los parientes por afinidad, como es en este caso el cuñado, no se encuentran dentro de las personas habilitadas para la donación de órganos entre vivos. E incluso una segunda traba de la normativa, es que el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) no se permite los trasplantes cadavéricos a pacientes extranjeros, con el objetivo justamente de evitar el comercio.

“Nuestro país tiene una legislación sumamente restrictiva que tiene por objeto evitar el comercio deórganos y el turismo trasplantológico que lamentablemente son moneda corriente en otros países con legislaciones más laxas al respecto, o con sistemas menos transparentes de control”, aclaró Canet.

Así fue que tras un intento en la Justicia provincial que quedó desechado cuando la magistrada se declaró incompetente, con la representación de sus abogadas, Zula Donis se presentó a mediados de octubre en la Justicia Federal, que incluso el 21 de este mes avanzó en la realización de una audiencia en el edificio de bulevar Oroño.

Ahí con todos los protocolos necesarios en el marco de la pandemia y una sala adecuada estuvieron los profesionales que de acuerdo a las disposiciones vigentes deben intervenir, y que en este caso suman una veintena de personas, entre los que se cuentan médicos, psiquiatras, asistente social, defensor, fiscal y autoridades del Cudaio, de modo de garantizar que no exista un ánimo lucrativo.

Tras ese encuentro solo la fiscal Adriana Saccone emitió un dictamen desfavorable, a diferencia del resto de los actores que consideraron no sólo que “no se observan factores de coerción”, sino que además el donante es una persona sana y sobre todo “consciente de la decisión que ha tomado a beneficio de su cuñado” y capaz de “evaluar la información sobre los riesgos y beneficios que la ocasionará la donación, los riesgos de la intervención quirúrgica, las posibles complicaciones, restricciones de sus actividades durante la convalecencia, habiéndose informado y asesorado adecuadamente”.

La decisión final de la jueza Sylvia Aramberri, que en 12 días, ante la urgencia de la situación, falló a favor del pedido de Avila Valenzuela y le otorgó la autorización para ser donante de su cuñado. Con esa decisión firmada a última hora del lunes, Zula Donis deberá estar 48 horas en una lista de espera del Cudaio y ya se activaron los trámites administrativos para la intervención que llevará adelante en los próximos días.