El juez que lleva adelante el concurso de la agroexportadora Vicentín, Fabián Lorenzini, aceptó el pedido de los integrantes del Comité Provisorio de Control, que integran los cuatro acreedores más importantes y los trabajadores de la firma, para realizar una auditoría forense.

La Justicia estableció un plazo de 15 días para que los profesionales auditores propuestos presenten un plan de trabajo a desarrollar con relación a la situación financiera, contable, comercial y productiva de la sociedad concursada. “Esta información se pondrá a disposición del proceso y en particular de los acreedores y de la propia sindicatura”, señalaron fuentes judiciales.

El comité de control está conformado por representantes del Banco Nación, la Asociación de Cooperativas Argentinas, los bancos extranjeros acreedores y los representantes de los trabajadores. En su rol de vigilancia del concurso propusieron como auditores a dos estudios jurídicos especializados: Arnaud Iribarne y Asoc. con Abelovich, Polano y Asoc. SRL Nexia y Deloitte.

Cada vez más preocupados por la evidencia de un vaciamiento y el riesgo de quiebra, los acreedores buscan que los auditores independientes contribuyan a esclarecer aspectos relacionados con el desorden administrativo de la sociedad concursada, la composición del pasivo mediante un entrecruzamiento de contratos y operaciones por parte de empresas vinculadas y relacionadas, compañías controladas y filiales.

Para diferenciar este trabajo del que realiza la Sindicatura, el comité explicó que las tareas de los auditores propuestos, constituirán un proceso investigativo financiero y contable orientado a detectar inconsistencias u omisiones, mediante el uso de técnicas específicas y a través de tecnologías informáticas confiables, que aseguran la trazabilidad de la información y la obtención de datos fidedignos.

El juez consideró “razonable” propiciar la realización de la auditoría, más allá de que consideró que la propuesta “no resulta habitual en los procesos concursales ordinarios”. Es que entendió que reportará “información calificada para el desarrollo del proceso concursal, y proveerá una base fáctica y científica para los deberes futuros de la sindicatura”.

Días antes, el juez también aceptó un pedido del comité para que los acreedores nucleados en el comité designen dos veedores para monitorear el concurso pero también la administración actual de la empresa y los pasos que están dando sus administradores. El Banco Nación y los dos sindicatos aceiteros propusieron al economista Sergio Arelovich, mientras que ACA y los bancos extranjeros estaban por proponer a su veedor.

La figura de veedor era a la que había reducido Lorenzini el papel de los interventores designados por el gobierno nacional. Aquella decisión del magistrado vino de la mano de una reposición de la conducción empresaria, cuestionada porque fue la que llevó la firma al default. La decisión del juez fue la punta de lanza para que, luego de un tortuoso trámite judicial, el presidente Alberto Fernández decidiera dar marcha atrás con el decreto de intervención.

Queda pendiente, no obstante, una resolución del magistrado sobre el pedido de intervención presentado pro la provincia de Santa Fe en el proceso concursal. Lo que parece indicar el nombramiento de dos veedores y la aceptación de una auditoría forense que actuarán en forma paralela a los síndicos es la voluntad del juez Lorenzini de tomar alguna distancia de sus propias decisiones, que permitieron que el derrotero de Vicentin tomara la peor dirección para el futuro de los acreedores y de la propia firma.