La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ser parte de la causa en la que se investigan los incendios en el Delta del Paraná que afectan a localidades de santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el presidente de Adpra y a la vez Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y cuenta con el aval de sus pares de las provincias de Santa Fe, Raúl Lamberto, y de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

Para ser incluidos en las investigaciones, los funcionarios invocaron una figura procesal llamada “amicus curiae”. Se trata de un recurso que abre la posibilidad para que alguien o alguna institución puedan ser parte directa en un proceso judicial y colaborar con la investigación al invocar que sufre las mismas consecuencias que la persona que promovió la investigación.

En ese sentido, la entidad que reúne a los defensores a nivel nacional pidió que se realice una audiencia pública para abordar todas las aristas que conlleva este tema de la quema de pastizales en las islas.

Al respecto, el defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, expresó: “Una vez más desde Adpra tomamos la iniciativa, porque es necesaria nuestra intervención en defensa de la salud de quienes viven en nuestro país y del ambiente”.

“El medio ambiente es uno, y todas las Defensorías del país coincidimos en la necesidad de participar. Por el momento nos presentamos sólo estas tres, porque representamos los derechos de las jurisdicciones directamente afectadas”, agregó Amor.

Por su parte, Lamberto recordó que en un primer momento “la Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó ante la Corte Suprema ser amicus curiae en este causa y que se convoque a una audiencia pública”, dijo y agregó: “Hoy con satisfacción nos sumamos a este pedido conjunto, frente al daño a la salud de las poblaciones y la afectación manifiesta al ecosistema”.

Las Defensorías argumentaron que tienen experiencia en materia medioambiental y que esa información “puede ser indispensable para ofrecer aportes a la investigación”.

Además, la solicitud para la realización de una audiencia pública, donde se garantice la participación ciudadana, apunta a que todos los actores involucrados ofrezcan su punto de vista para enriquecer las medidas adoptadas ante este episodio y establecer una planificación que contribuya a evitar que suceda nuevamente.