Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual había dispuesto la intervención de Vicentin, los diputados provinciales que integran la comisión de Seguimiento e Información del concurso de acreedores de la agroexportadora en default ratificaron los objetivos de sacar a la luz las supuestas irregularidades en el otorgamiento de millonarios créditos por parte del Banco Nación (BNA), durante el anterior gobierno nacional, y de garantizar el futuro laboral de los trabajadores de la empresa dispersos en distintos puntos del territorio santafesino.

El cuerpo especial, que se reunirá esta semana, ya tiene listo un segundo informe que sintetiza toda la documentación oficial que dispone sobre la situación del gigante cerealero.   

“Más allá de lo ocurrido en los últimos días, ratificaremos las tres condiciones que fijamos en su momento: el mantenimiento de las fuentes de trabajo, la necesidad de contar con una presencia nacional en el comercio exterior de granos y el esclarecimiento de la suerte corrida por el dinero que tenía Vicentin, y que ahora dice que no tiene”, aseguró el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular, FSP).

La crisis en la compañía sembró temor en el norte de Santa Fe, al igual que en ciudades y comunas de la región, razón por la cual el legislador advirtió que “es clave la difusión del informe de los síndicos, que expresa que Vicentin tiene la plata para pagar los sueldos” de sus empleados. Y agregó: “Por eso, si los directivos intentan dejar a los trabajadores en la calle, indudablemente será una maniobra extorsiva para ver si los estados nacional y provincial ponen la plata, como hicieron desde un principio para no ir presos”.   

Al derogar el DNU por el cual había dispuesto la intervención de Vicentin, Fernández aprovechó para cuestionar al juez que interviene en el concurso preventivo y a los accionistas de la agroexportadora, a los que acusó de entorpecer las negociaciones para alcanzar una solución. Además, enfatizó que su gobierno no va a “estatizar deudas privadas ni avalar un desfalco”.   

Sobre el rol de Fabián Lorenzini (del fuero Civil y Comercial de Reconquista), el primer mandatario sugirió que sus fallos, trabando el salvataje, estuvieron motivados por la cercanía con los directivos de la empresa. Lo cierto es que el derrumbe del rescate de Vicentin vía fideicomiso mixto, ocurrido un día antes del anuncio de Fernández, también significó un duro golpe para el gobernador Omar Perotti, impulsor del proyecto.   

El justicialista Luis Rubeo, presidente de la comisión especial de Diputados, señaló que los actuales titulares de la cerealera “son los responsables” de la crisis. “No pueden demostrar dónde está el dinero otorgado por el Banco Nación, los granos que les entregaron los productores y los créditos por parte de la banca internacional”, aseveró.   

En ese sentido, el legislador advirtió que el directorio “quiere ganar tiempo, y lo viene logrando, en una maniobra que pretende ocultar el vaciamiento económico” de Vicentin. Y subrayó: “Lo demuestra la negativa a acordar con la provincia la entrega de las acciones para conformar un fideicomiso”.   

Además de Rubeo y Del Frade, la comisión está integrada por los diputados Mónica Peralta (GEN), María Laura Corgniali (socialismo), Betina Florito (Somos Vida), Rubén Giustiniani (Igualdad), Fabián Palo Oliver (UCR), Ariel Bermúdez (Creo), Walter Ghione (Somos Vida y Familia), Gabriel Real (PDP), Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio, JxC) y Oscar Martínez (Frente Renovador, FR).   

Del Frade, quien desde un principio se había inclinado por la expropiación de Vicentin ya que, según afirmó, las demás alternativas desembocarían en un fracaso, no descartó que ahora el Congreso de la Nación discuta una eventual estatización de la compañía en default.   

La propuesta del fondo fiduciario, que no incluía al actual directorio, naufragó el jueves, durante la segunda audiencia de conciliación convocada por Lorenzini. Poco después, la gerencia de Vicentin emitió un comunicado en el que acusó al Estado de pretender “una expropiación sin precio indemnizatorio”. Previamente, había condicionado avanzar con la iniciativa a un cese de la embestida judicial en su contra.   

Estado de situación

La firma enfrenta en el concurso preventivo una deuda cercana a los 100.000 millones de pesos, entre pasivos con entidades financieras locales e internacionales y acreedores comerciales.

Los principales demandantes a la agroexportadora son el Banco Nación (unos 300 millones de dólares), varias entidades crediticias internacionales (cerca de U$S 500 millones) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, U$S 90 millones).   

Según cifras oficiales, Vicentin cuenta con cerca de 6 mil trabajadores: 2.195 de la industria aceitera, 920 de la algodonera, 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica.   

Lorenzini fijó el 25 de agosto como plazo máximo para verificar créditos. Y estableció que la sindicatura tendrá tiempo hasta el 13 de noviembre para presentar los informes individuales y hasta el 16 de marzo de 2021 para el dossier general.