El juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista confirmó la intervención de la empresa Vicentín, pero aceptó restituir a los ejecutivos del directorio de la firma, al tiempo que se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad de la cerealera, informaron fuentes judiciales.

En su fallo, el juez Fabián Lorenzini dispuso que “los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última asamblea ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”.

Sin embargo, estableció que “los interventores podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.

Además, se declaró “incompetente para entender en la demanda declarativa de inconstitucionalidad” de la intervención.

Hace dos días, la Justicia santafesina, que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora avaló la intervención estatal de la compañía en cesación de pagos, tras ratificar en el cargo de subinterventor a Luciano Zarich, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó el pedido de ratificación en su cargo del subinterventor designado por el gobierno nacional, para secundar a Gabriel Delgado, quien por el momento no se trasladará a Santa Fe por cuestiones de salud.

El Estado nacional pudo iniciar la intervención de la cerealera en default tras la rúbrica del acta de traspaso con integrantes del directorio el jueves pasado con Zarich y que este pudiera ingresar en la casa matriz de la compañía ubicada en la localidad santafesina de Avellaneda.

A partir de ese momento, comenzó la intervención por 60 días de Vicentin, en un concurso de acreedores con una deuda declarada de casi $100.000 millones.

De ese total, $25.600 millones se adeudan a productores y entregadores de granos, mientras casi $64.000 millones debe a entidades financieras, de las cuales el Banco Nación es su principal acreedor con $18.500 millones.

Si bien la empresa aceptó la intervención del gobierno nacional, rechazó de plano la expropiación que el Poder Ejecutivo elevará al Congreso nacional para su sanción.

Esta decisión fue justificada por el gobierno ante el riesgo de que el concurso preventivo de acreedores derive en la quiebra de la firma cerealera y se produzca a partir de esto su extranjerización.