Una investigación realizada por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) da cuenta de que en Rosario seis de cada 10 pequeñas compañías no pueden afrontar la cadena de pagos, y presentan retrasos superiores a 60 días. Además, el 80 por ciento tuvo que recurrir a las líneas de financiamiento del gobierno nacional.

Los números del Ministerio de Trabajo de la provincia ratifican estos datos, ya que en lo que va de la cuarentena registró que, sólo en Rosario, más de 60 pymes establecieron acuerdos con los gremios para suspender a los trabajadores, lo que implica más de dos mil personas que están cobrando sumas no remunerativas y no se les están efectuando los aportes patronales.

La crisis económica provocada por el coronavirus "es peor que la de 2001", afirmó días atrás el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, porque al problema local se le suma la grave coyuntura internacional.

Un reciente informe elaborado por la UIA indica que las empresas del país atraviesan una fuerte interrupción de la producción y de las ventas. Y en Rosario sucede lo mismo. La encuesta realizada por Apyme revela que el 65 por ciento de las empresas relevadas tuvo una caída de la actividad superior al 50 por ciento.

El rubro más castigado es el de la construcción y le sigue el metalúrgico. A su vez, en cuanto al tamaño de las pymes, las más afectadas son las que tienen menos empleados, los cuentapropistas y los trabajadores independientes.

El ministro de trabajo de la provincia, Roberto Sukerman, indicó que desde el comienzo del aislamiento obligatorio 195 empresas de toda la provincia (63 de Rosario y 132 de la ciudad de Santa Fe) establecieron acuerdos con los sindicatos para pagar sumas no remunerativas a los trabajadores, que asumen la figura de "suspendidos", en el marco del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo.

La norma prevé el pago de una suma no remunerativa para los trabajadores de empresas que, por razones de fuerza mayor, dejaron de producir.

"Estos números, aclaró el funcionario, no son representativos de la cantidad de ese tipo de acuerdos de suspensiones que debe haber, porque hay actividades que tienen situaciones de empleo no registrado y por lo tanto no solicitan la homologación del ministerio".

Esas 195 empresas representan a poco más de 4 mil empleados en toda la provincia. Que, según el ministro, es una cifra baja teniendo en cuenta que en el territorio provincial hay más de 500 mil personas en relación de dependencia. "Igualmente debe haber muchos más que no llegan al ministerio", acotó Sukerman.

"En el ministerio recibimos el pedido de homologación de 64 acuerdos entre empresas y sindicatos de Rosario, lo que representa un total de 2.052 trabajadores", destacó el funcionario.

Este número significa que más de dos mil empleados de pequeñas empresas de la ciudad se encuentran "suspendidos", y cobran una suma no remunerativa menor a su salario habitual, debido a que su lugar de trabajo no está produciendo.

Sukerman explicó que "los números muestran que las más castigadas son las empresas más pequeñas, que tienen entre uno y 10 empleados", dentro de las cuales se ubican los trabajadores independientes y los cuentapropistas.

Concretamente, en Rosario, el 39 por ciento de las pymes que solicitó la suspensión de empleados tiene entre 1 y 10 trabajadores, y le siguen en porcentaje las que cuentan con hasta 50 integrantes.

Los acuerdos establecidos en Rosario fueron entre 64 pymes y siete gremios, la mayoría (41) se efectuó con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), es decir que la mayor cantidad de trabajadores que están suspendidos o cobrando menos de lo habitual pertenecen a este rubro.

En tanto, siete acuerdos se firmaron con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuatro con el gremio que aglutina a los trabajadores de seguridad, y tres con el gremio del plástico.

Insolvencia generalizada

Mientras continúan las medidas sanitarias, crece el fantasma de un corte abrupto en la cadena de pagos, y la insolvencia generalizada. Según el análisis del abogado y profesor adjunto de la cátedra de Derecho de la Insolvencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ricardo Ruiz, todo parece indicar que la cesación de pagos se expandirá más rápido que el Covid-19 y los más perjudicados son los que se desempeñan por cuenta propia y en forma independiente, y por supuesto las pymes y micropymes, "lo que supone un cimbronazo mayor puesto que este sector comprende un total de 650.000 empresas aproximadamente, representando más del 90 por ciento de la unidades económicas locales", destacó.

El abogado explicó que, a nivel nacional, "el 71 por ciento de las empresas se encuentra dentro de los sectores declarados afectados por el Programa de Asistencia a la Emergencia y a la Producción (ATP), y de ese total el 64 por ciento está sin producir".

De las que sí están produciendo, el 71 por ciento registra caídas de las ventas superiores al 60 por ciento. Sólo el 2 por ciento no percibió una disminución en sus ingresos.

En tanto, el otro 29 por ciento se encuentra dentro de los sectores no afectados (o esenciales), que también cuenta con un 35 por ciento de empresas que están sin producir, y un 43 por ciento que registra caídas de sus ventas superiores al 60 por ciento. Solamente el 15 por ciento de las empresas que no dejaron de trabajar no sufrió una menor demanda.

Para el profesional consultado, quien además dirige el Ateneo Jurídico Rosario, "el presidente Alberto Fernández decidió privilegiar la salud, aún a costa de un inevitable deterioro de la economía. Esta resolución no será inocua, porque impacta severamente en la ya castigada economía nacional".

"Es evidente que las medidas del gobierno no son suficientes para lograr el fin perseguido. Los créditos a tasas del 24 por ciento no han llegado a la totalidad de las empresas afectadas. El programa de ayuda financiera ATP resulta desmedidamente burocrático, llegando muchas veces a destiempo", aseguró.

Ante lo dificultoso que resulta acceder a dichas fuentes de financiamiento, las empresas rosarinas (en su gran mayoría pymes) han encontrado en la Bolsa de Comercio local una opción más que valedera, y han obtenido financiamiento a tasas muy convenientes.

Los cheques electrónicos (Echeq) y, en menor medida, el pagaré digital, han sido la gran vedette en esta cuarentena, aumentando exponencialmente su operatoria tanto en cantidad de documentos, como en volumen negociado.

Ruiz señaló que para abordar las problemáticas a las que se verán sometidas las pymes locales, "es necesario contar un procedimiento legal moderno, ágil y, fundamentalmente, eficaz; que mantenga un razonable equilibrio entre la preservación de la empresa y la protección del crédito, permitiendo al deudor superar el estado de cesación de pagos de una manera ordenada, sin que ello implique transformar en ilusorias las chances de los acreedores de percibir sus acreencias".

Según el abogado, "es la ley concursal la herramienta óptima y eficaz para abordar el problema de la insolvencia, puesto que su aplicación implica gestionar ordenadamente todos los efectos legales que ella supone, no ya como fenómeno económico sino como hecho jurídico". Y sostuvo que la ley de concursos y quiebras "es obsoleta e inconveniente para abordar la problemática".