Tres hombres y una mujer fueron detenidos acusados de integrar una banda que se dedicaba a falsificar licencias de conducir y las ofrecían a través de Facebook.

Los sospechosos fueron capturados en Eva Perón y Provincias Unidas, durante un operativo en el que personal de la División Judiciales de la Unidad Regional Il, tras una investigación, se hizo pasar como persona interesada en adquirir los documentos.

La pesquisa arrancó cuando se detectó en la red social que un grupo de personas ofrecían la confección de carnets para conducir. Otra oferta que hacían era la impresión de certificados “ruta” para camioneros, según informaron fuentes de la investigación.

De acuerdo a lo que pudieron establecer los investigadores, por cada trámite los estafadores pedían entre 7 mil y 7.500 pesos.

La maniobra tenía todos los detalles aceitados. El grupo de falsificadores se presentaba como personal habilitado para extender las licencias nacionales. El interesado debía contactarse con ellos a través de Messenger y a partir de ese intercambio la persona interesada en obtener su licencia recibía un número de WhatsApp y seguía en contacto mediante ese sistema de mensajería. Por allí circulaban los datos y las fotos de los interesados. Una vez que todo estaba listo, la entrega del documento se hacía a través de un cadete o delivery.

Cuando el personal de Judiciales detectó la maniobra le informó al fiscal Gustavo Ponce Asahad. Así se dispuso la realización de un operativo para dar con los embaucadores.

Fue entonces que un policía se hizo pasar por una persona interesada en adquirir una licencia para conducir. Así, y con conocimiento del fiscal, fue siguiendo cada uno de los pasos que indicaban para acceder al documento apócrifo hasta que se pactó un lugar de encuentro para cerrar la operación.

Ese punto fue establecido en la estación de servicios de Provincias Unidas y Eva Perón, en la zona oeste de Rosario. En ese procedimiento fue detenido un hombre que había llegado en moto. Poco después y a partir de la investigación se realizó un allanamiento en La República al 6400, donde se detuvo a las otras personas y la policía secuestró una cantidad muy importante de material que se utilizaba para confeccionar los carnéts.

En principio, el delito quedó definido como falsificación de documento público calificado, que tiene una pena de 3 a 8 años de prisión, según indicaron fuentes policiales.

Los voceros indicaron que por la cantidad de material y las herramientas que tenían los detenidos, la calidad de los documentos estaban bien hechos y había que hacer una revisión muy precisa para detectarlos como falsos.