La Cámara Penal de Rosario revisará las apelaciones al fallo surgido tras el juicio por la explosión del edificio de calle Salta 2141, donde resultó condenado a cuatro años de prisión como único responsable el gasista Carlos Osvaldo García y se absolvió a otros diez imputados, entre los que estaban otro matriculado, un ayudante, cinco empleados de Litoral Gas y los administradores del condominio.

Las partes involucradas en el complejo expediente se apoyarán en distintas estrategias. Mientras que la Fiscalía tratará de sostener la hipótesis acusatoria sobre las personas desvinculadas, las defensas insistirán en la confirmación del fallo que los absolvió de culpa y cargo de la mayor catástrofe que sufrió la ciudad el 6 de agosto de 2013, cuando murieron 22 personas por una fuga de gas y posterior explosión.

Las audiencias se desarrollarán desde éste lunes 17 y hasta el miércoles 19 de febrero inclusive, de 8.30 y 13, en los Tribunales de Balcarce 1651, primer piso, sobre el ala este del pasillo que da a calle Moreno. El tribunal tiene la facultad de extender los horarios y días dependiendo de la dinámica de las audiencias orales y públicas.

El tribunal estará integrado por los jueces Carlos Carbone, José Luis Mascali y Carina Lurati (presidenta), mientras que al frente de la acusación estará la histórica fiscal del caso, Graciela Argüelles.

Los magistrados tendrán la tarea de revisar los cuestionamientos al fallo de primera instancia emitido en julio de 2019 por el tribunal integrado por Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala, que condenó por mayoría al gasista García a cuatro años de prisión por el delito de estrago culposo agravado por las muertes.

El veredicto absolvió por "insuficiencia probatoria" al ayudante de García, Pablo Miño; los administradores del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; los reclamistas de Litoral Gas, Luis Curaba, Guillermo Oller y Gerardo Bolaño; el jefe de Mantenimiento de Redes de la empresa, Claudio Tonucci; la gerenta técnica de la firma, Viviana Leegstra, y el gasista José Luis Allala.

El juez Leiva votó en disidencia parcial al solicitar tres años de prisión en suspenso y tareas comunitarias para García. Apenas se conoció la sentencia, Fiscalía y la querella expresaron la intención de apelarla por entender que no hubo un solo responsable, sino una cadena de acciones y omisiones de todos los acusados que confluyó para desatar la peor tragedia de la historia de Rosario.

Para los abogados de la querella, que representa a las víctimas a través de la familia de Débora Gianángelo, el tribunal no fue imparcial. Sostienen que no tuvo en cuenta el escenario riesgoso previo que le atribuyen a los inspectores de Litoral Gas que rehabilitaron el servicio un mes antes, sin reparar que la válvula de bloqueo del flujo del servicio no estaba en condiciones de ser operada manualmente ante una emergencia.