En el Ministerio Público de la Acusación (MPA) estiman que los expedientes abiertos a oficiales superiores de la policía provincial por enriquecimiento ilícito en varios casos llegaron al nuevo sistema ya prescriptos. La situación fue valorada a partir de que dos expedientes contra jefes policiales quedaran recientemente cerrados, con el personal investigado desvinculado de esos presuntos delitos, solamente por el paso del tiempo. Para que estas causas que tuvieron alta publicidad no terminen en el cajón de los recuerdos la opción que evalúan en el MPA es acudir a un apartado de la Constitución Nacional que declara imprescriptibles los casos de grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Esa sería la puerta abierta para mantener con una luz de vida a causas que están técnicamente al borde del cierre.

El ex comisario Osvaldo Daniel Toledo, quien fuera jefe de la policía santafesina durante la gestión de Hermes Binner como gobernador, quedó desligado de la causa penal por enriquecimiento ilícito. Un juez penal dispuso el archivo de esas actuaciones por la prescripción de la causa, es decir, porque pasaron más de seis años sin que al jefe policial lo llamaran a prestar declaración.

También prescribió el trámite abierto por lo mismo contra el comisario Rodolfo Romero, quien fuera jefe de Unidades Especiales en Rosario y jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución. En ambos casos no hubo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que fue el desajuste supuesto en el patrimonio que motivó la investigación.

El traspaso reciente

El 16 de octubre pasado las causas abiertas por hechos delictivos anteriores al 10 de febrero de 2014 pasaron al nuevo sistema penal y quedaron a cargo de fiscales del MPA. Entre ellas se anunció el traspaso de todas las causas por enriquecimiento ilícito policial. Para septiembre de 2017 el fiscal de Cámaras Guillermo Corbella tenía un listado elaborado donde constaba que se mantenían en trámite por este ilícito presunto investigaciones contra 15 comisarios (muchos de ellos ya retirados) de las cuales ninguna había ingresado en la etapa de juicio.

Los cierres de causas de Toledo y Romero generaron estrépito en el MPA y en la Corte Suprema. Se trata de investigaciones de notoriedad que no concluyen con un dictamen judicial sino porque el sistema fue incapaz de dar respuesta. Hoy mantener activos esos casos se asume como una prioridad porque es un revés de la estructura judicial no haber mantenido mecanismos de control sobre estos casos. Un problema que parece revestir un carácter sistémico.

En octubre de 2013 el procurador Jorge Barraguirre había ordenado que se reactivaran las causas de enriquecimiento policial en etapa de investigación administrativa previa al sumario judicial concentradas en Asuntos Internos, donde figuraban 129 actuaciones con escaso movimiento o inactivas. Un año después la Fiscalía de Cámaras de Rosario ordenó impulsar una decena de expedientes contra funcionarios policiales jerárquicos sospechados de enriquecimiento ilícito.

Pero al presente en la mayoría de los casos, según fuentes del MPA, los involucrados no han sido siquiera indagados. Hay un sólo caso en el que hay fecha para el juicio oral por enriquecimiento ilícito. Se trata de la pesquisa seguida contra Hugo Giuliano. Para dar cuenta de la velocidad de este trámite basta decir que este oficial retirado ocupó el tercer escalón más alto de la Unidad Regional II durante el gobierno de Jorge Obeid. Esta causa interminable, iniciada en 2004, se tramitará en un juicio oral y público fechado para el 20 de agosto de 2020.

El dato asombroso es que un caso con un máximo de pena previsto de seis años de prisión llevará al momento que se inicie el juicio 14 años de trámite. Otros casos como el de Toledo caducaron por eso debido que hubo seis años de inacción sin que un acto procesal interrumpiera la prescripción. Una situación así es proyectable a los casos abiertos que recibieron fiscales del MPA hace pocos meses.

Contra la prescripción

El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, indicó que se analizan salidas jurídicas que impiden el vencimiento de expedientes que tienen especial interés por implicar a altos funcionarios públicos. Una de las variantes analizadas es declarar la imprescriptibilidad de esas causas en base al artículo 36 de la Constitución Nacional, que indica que atentan contra el sistema democrático quienes incurran "en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento".

Aquí se planteará probablemente un conflicto con una garantía constitucional que es la que tiene todo imputado de ser juzgado en un plazo razonable. "Lo que sucede es que la Constitución impone al juez resolver las cuestiones que estamos planteando bajo la circunstancia excepcional del artículo 36", sostuvo Baclini.

Chicanas y otros planteos

La morosidad en el tratamiento de estos casos que los llevan a morir por el paso del tiempo incluye causas diversas. Hay un letargo de las causas por falta de acción en fiscalías y juzgados del viejo sistema. Pero también hay otras cosas. Diversas fuentes judiciales señalaron que el caso de Giuliano, que llega a juicio durante 14 años, está plagado de incidentes procesales planteados por la defensa con el único propósito, según fuentes de la Corte Suprema, "de generar el archivo del caso mediante chicanas". Una dispensa a medias porque, de ser el caso, la acción debería haber merecido una resolución más firme del juez del caso, así como del rol de las demás partes. Otras demoras tienen que ver con la complejidad propia de delitos de enriquecimiento ilícito, donde hay informes de instituciones bancarias o fiscales que no sólo demoran en confeccionarse, sino también en ser evaluados por órganos administrativos para establecer si hay delito.

Es lo que pasó en el caso de Toledo según fuentes judiciales. Para pasar a la Justicia estos casos deben tener un dictamen administrativo señalando que hay presunción de delito. En este caso en febrero de 2017 Asuntos Internos recibió un informe de tres cuerpos de la Afip que investigadores patrimoniales de ese órgano policial no pudieron terminar de analizar de modo que Toledo pudiera, si correspondía, ser llamado a indagatoria. Hasta entonces no se puede hablar de delito. Asuntos Internos no hizo tiempo a emitir una conclusión porque todo el tiempo había documentos que había que investigar. Igualmente para la fuente hubo casos que prescribieron, como el de Romero, que eran apelables. A lo largo de estos trámites tan prolongados la falla de base es que no hubo un control adecuado de la marcha de los casos.