Omar Odriozola, quien fuera jefe de la policía provincial desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015, fue imputado por asociación ilícita y defraudación al Estado en el marco de una investigación que se inició en 2016 después de que una denuncia anónima que llegó al Ministerio de Seguridad de la provincia alertara sobre maniobras fraudulentas que se realizaban en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. El ardid consistía en pagar facturas por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas, por lo que se birlaba el dinero del erario público en beneficio de los acusados. En la misma audiencia fue imputado quien fuera jefe del D4 en esa época, el comisario Hugo Miños. En tanto ya está acusado desde septiembre de 2017 el también ex jefe de la policía provincial, Rafael Grau, quien cayó junto a otros dos policías y cinco civiles.

La investigación se inició cuando el 4 de mayo de 2016 el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, recibió la carta anónima en la que se mencionaban las maniobras. El funcionario dio vista al fiscal Roberto Apullán, quien en septiembre de 2017 ordenó a Gendarmería Nacional allanamientos en talleres mecánicos (tres de Santa Fe y uno de Rosario). En los procedimientos también se requisaron oficinas de la Jefatura como de la Unidad Regional I, y se peritaron diez vehículos. La pericia indicó que en la mitad de las unidades no se había realizado ninguna de las reparaciones facturadas.

Como consecuencia de esa investigación, el 19 de mayo de 2016 fueron desplazados de sus cargos el jefe y subjefe del D4, José Leiva y Juan Barrios. En tanto, el 31 de marzo de ese mismo año el comisario inspector Rafael Grau había presentado su renuncia al cargo de jefe de la policía provincial. Posteriormente, en septiembre de 2017, Grau fue detenido en el marco de la causa y hoy está bajo prisión domiciliaria a la espera del juicio oral.

Roles y montos

Junto a Grau, Leiva y el oficial Ariel Villanueva fueron detenidos cinco civiles, entre ellos el mecánico que realizaba las facturas y el dueño de un lavadero de autos de la capital santafesina. Entonces, el fiscal Apullán les atribuyó a los ocho detenidos el delito de asociación ilícita y defraudación del Estado en 16 hechos por $96.616,37 tras acusarlos de formar una organización que por medio de facturaciones irregulares se beneficiaron de determinados arreglos de unidades que nunca fueron reparadas.

En este sentido, el fiscal identificó al mecánico Facundo Testi y al policía Ariel Villanueva como los jefes de la organización. En tanto a Grau y a Leiva les achacó aportar el ámbito para que las defraudaciones se cometan. Mientras que le atribuyó a Noelia Viscari haberse encargado de las facturaciones. A estos tres últimos también les atribuyó ser organizadores y partícipes necesarios del ardid denunciado. Mientras que a los civiles Andrés Soto, Rodrigo Ruiz y Artemio Viscari los acusó de ser miembros de la asociación ilícita configurada en perjuicio del Departamento Logística.

En mayo de 2018, algunos de los encausados cerraron juicios abreviados aceptando su culpabilidad. Así, Ariel Villanueva fue penado a 3 años de prisión efectiva, una multa de 90 mil pesos, la donación de 600 mil pesos y 800 mil pesos como reparación del daño y recuperó la libertad; Andrés Soto fue penado con 10 años de prisión, ya que además se le sumó la de corrupción de menores por el abuso sexual de su hija biológica y tenencia ilícita de arma de fuego; Leiva fue condenado a 3 años de prisión y recuperó la libertad por el tiempo que llevaba detenido y debió pagar una multa de 90 mil pesos, reparación al Ministerio de Seguridad por un monto de 204 mil pesos más una donación a entidades de bien público por 150 mil pesos.

Ventana de tiempo

La causa, hoy en manos de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, no se quedó estancada y el período investigado en un principio se extendió hacia enero de 2015, época en la que los pesquisas judiciales detectaron maniobras similares.

En ese sentido, se sostuvo que "en esa ventana temporal que se abrió a la investigación, aparecen como responsables quien era titular de la fuerza, el comisario general Omar Odriozola, y el titular del D4, Hugo Miños", quien durante seis meses ejerciera la jefatura de la Unidad Regional I con sede en Santa Fe. Ambos estuvieron representados por un defensor público y asistieron ayer en total sigilo a los Tribunales donde fueron imputados por las figuras de asociación ilícita y defraudación al erario público pero ambos continúan en libertad.