La Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al empresario y sindicalista Herme Juárez, quien de esta manera en las próximas horas regresará a su domicilio en San Lorenzo. La información fue confirmada por Gastón y Javier Rabadé, abogados defensores del titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios (CTP) de Puerto San Martín y del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa)

No obstante, el líder portuario continuará a disposición de la Justicia hasta que se aclaren las acusaciones que pesan en su contra.

La novedad era esperada con ansias por los colaboradores de Juárez y su círculo íntimo pero además por una gran cantidad de trabajadores portuarios que en los últimos días sentaron posición a favor del dirigente y lo expresaron a través de pintadas y carteles por las calles de Puerto General San Martín y San Lorenzo.

En un oficio emanado desde el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y dirigido a la directora del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, Sonia Alvarez, el magistrado le comunicó que concedió la prisión domiciliaria y dispuso que se cumpla en su domicilio de calle Hugo Parente 1025 de San Lorenzo.

También determinó que se tomen las previsiones necesarias para que Juárez sea monitoreado a través de un dispositivo electrónico.

En el mismo documento, ordenó que el Servicio Penitenciario disponga todos los medios necesarios para hacer efectivo el traslado en forma urgente siempre y cuando las condiciones de salud de Juárez lo permitan, y posteriormente indica que se lo debe notificar de los alcances revocatorios de la medida en caso de que incumpla injustificadamente la disposición del magistrado.

“El juez entendió lo que veníamos afirmando desde su detención, ocurrida el 1 de agosto último, y procedió en consecuencia. Nos dio la razón y comprobó por su cuenta que es necesario que Herme espere los resultados de la causa que tramita contra él en su domicilio por dos razones fundamentales, por su edad y por su estado de salud”, resumió Gastón Rabadé, quien junto a su hermano Javier y otros diez letrados integran el equipo que evalúa la situación de Juárez y, a partir de allí, traza su estrategia defensiva.

Mientras tanto los obreros portuarios, a través de los distintos sindicatos que los nuclean, dispusieron el estado de alerta y amenazaron con paralizar todos los puertos del país si la intervención también llegaba al Supa, una decisión que, según sospechan, habría emanado de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Juárez fue detenido el jueves 1º de agosto en un megaoperativo realizado por la Policía Federal y días más tarde procesado con prisión preventiva como presunto organizador de una asociación ilícita, por lavado de dinero y extorsión, a la vez que le trabaron embargo por 500 millones de pesos.