El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia, Matías Figueroa Escauriza, anticipó que la provincia apelará el fallo judicial que ordenó frenar las subastas de cuatro automóviles de alta gama incautados a bandas delictivas.

El funcionario salió a sentar la posición del gobierno al conocerse una resolución judicial que le ordenó suspender los remates de vehículos hasta que no haya un fallo definitivo o firme sobre la persona bajo proceso.

A raíz de este tema planteado por el juez Hernán Postma, tres vehículos vendidos en una subasta no podrán ser entregados a sus compradores. Y la provincia deberá devolver el dinero. "Vamos a apelar porque el magistrado no se expidió sobre si la ley de fondo es inconstitucional. La norma habilita a hacer las subastas anticipadas cuando para el Estado es costoso mantener esos bienes. Además, es una manera de preservar los bienes", indicó el funcionario.

En declaraciones radiales Figueroa Escauriza argumentó: "Pensemos en esta causa penal en particular. Los imputados tienen vehículos de alta gama. Si esos bienes hubiesen estado en depósitos judiciales tradicionales estarían a la intemperie. Y al finalizar el proceso penal, que puede llevar dos años más, se hubiesen desvalorizado totalmente".

En ese sentido, el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia manifestó que la ley le permite al Estado "vender esos bienes. El valor al que se los subasta queda registrado y también los intereses que se puedan generar en el mercado financiero. Y si el día de mañana, los imputados quedaran absueltos, directamente se restituye el valor económico que se obtuvo de la subasta más los intereses que se pudieran generar. Así se preserva el valor de los bienes y no se deprecia por el paso del tiempo".

"Este es un cambio de paradigma. Y como todo sistema nuevo va generando resistencias o ciertos temores. A nivel nacional no se pudo implementar, y en la provincia pudimos avanzar mucho", manifestó Figueroa Escauriza.