La defensa de la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aceptó el envío a juicio oral de la llamada causa de los Cuadernos de la corrupción, en la que está procesada como jefa de asociación ilícita y por cohecho pasivo.

En un escrito entregado al juez federal Claudio Bonadio, el abogado defensor Carlos Beraldi consideró “imprescindible” que el caso llegue a juicio ante las “ilicitudes de la investigación” y que lo ocurrido sea ventilado en esa instancia, indicaron fuentes judiciales.

Beraldi remarcó que, “en condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda”.

“Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional”, aseguró el abogado de la senadora.

Cristina Fernández, precandidata a la vicepresidencia de la Nación por el Frente de Todos, está procesada en esta causa con prisión preventiva pero sigue en libertad a causa de sus fueros de senadora.

“Frente a la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar todas estas ilicitudes, resulta imprescindible que las actuaciones transiten hacia la próxima etapa procesal”, señaló Beraldi.

Consideró que, en un futuro juicio oral y público, las irregularidades denunciadas podrán ser “esclarecidas y oportunamente sancionadas”.

Los planteos de la defensa “serán canalizados en la siguiente etapa del proceso", en la cual, asegura, reclamará "una vez más el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna”, remarcó.

El defensor de Cristina Fernández pidió estar presente en el sorteo del tribunal encargado de llevar adelante el juicio oral.

Por otra parte, subrayó que “incluso se ha escrito en las propias resoluciones que no existe una sola prueba directa que demuestre" que la expresidenta "hubiera recibido coimas”, por lo que consideró que hay una “saga de ensañamientos” contra su defendida.

“Se allanaron distintos domicilios de mi representada, se destrozaron paredes y expresamente se incumplieron las directivas del Senado de la Nación sobre la manera en que debían desarrollarse estos procedimientos”, refirió entre sus críticas al juez Bonadio, instructor de la causa.

“La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno”, apuntó.

“El juez y el fiscal llevaron a cabo una inequívoca maniobra de forum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente”, agregó.

Beraldi sostuvo que “decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la expresidenta de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido”.

“Lógicamente, en un pícaro intento por no dejar rastros de estos atropellos, de manera deliberada se omitió obtener registros audiovisuales de estos actos procesales, vulnerando la clara disposición prevista en el art. 6 de la ley 27.304”, adujo en referencia a la ley del arrepentido.

Al criticar la instrumentación de esa ley, sostuvo que, “como la mentira tiene patas cortas, quedó expuesto públicamente que las actas que documentaron las supuestas declaraciones de los arrepentidos no eran un fiel reflejo de las mismas”.

“Terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar como sea y por cualquier delito a mi representada”, afirmó.

El juez Bonadio había dado por cerrada de manera parcial la investigación y pedido opinión a todas las partes sobre el envío a sorteo de un tribunal oral.

La Fiscalía ya pidió enviar a juicio a Fernández de Kirchner y a exfuncionarios y empresarios procesados en esta causa, como también lo hicieron los organismos públicos querellantes.

En el turno de las defensas, algunos empresarios, como Aldo Roggio, ya presentaron escritos para oponerse a que la causa sea enviada a juicio oral y público.

Una vez reunidas todas las opiniones, el juez Bonadio estará en condiciones de tomar una decisión.