El desalojo de dos jubilados que luego fueron abandonados por uno de sus hijos en un bar de 27 de febrero y Corrientes generó preocupación por la imposibilidad de tantas familias que no logran pagar el alquiler de los inmuebles donde viven.

El titular de la ONG Concejalía Popular Nire Roldán aseguró que las estadísticas en Santa Fe de los primeros días del mes revelan que "el 32 por ciento de los inquilinos no pudo renovar los contratos".

"Si un matrimonio de jubilados estaría cobrando entre 9 y 13 mil pesos, cómo hace para afrontar un contrato de alquiler cuando las cláusulas indexatorias son de un 30 o 35 por ciento de aumento", se preguntó el dirigente.

"El matrimonio de jubilados queda más temprano que tarde en la calle, es un poco lo que le pasó a esta familia que seguramente estará viviendo una tragedia", analizó para indicar que el "estado municipal tiene unos subsidios que se otorgan por unos meses, pero son un parche para un problema que es estructural".

En ese marco, Roldán explicó que en lo que va del año, uno de cada tres contratos que se tenía que renovar en los primeros meses del año, no pudo concretarse. "Es así que el 32 por ciento de los contratos no se pueden renovar, no se pueden seguir pagando las cláusulas indexatorias, por una caída en los ingresos de los trabajadores".

En ese sentido reflexionó que "la ley de alquileres haría que se ajusten los valores respecto a la actualización de los salarios", dijo para afirmar que "hoy renovar un contrato de alquiler significa 50.000 pesos".