La Justicia Federal intimó a Vialidad Nacional para que en el plazo de tres días hábiles, brinde información sobre el estado de la autopista Rosario-Córdoba, sobre todo entre los kilómetros 336 y 314, y de las obras encaradas para su reconstrucción.

La acción judicial se da a pocos días de que el mismo organismo nacional anunciara el inicio de las obras para los primeros días de este mes. Pero para la ONG Usuarios y Consumidores Unidos, promotora de una acción colectiva, "esta es la promesa que venimos escuchando desde hace tiempo, y que nunca se cumple, por eso es importante que la Justicia se expida".

Así lo hizo saber Juliana Ruchelli, abogada de UCU, quien difundió la decisión de la jueza federal Sylvia Raquel Aramberri, en quien recayó la presentación realizada los primeros días de febrero. "La información nos ha llegado como parte interviniente. Tiene que ver con una acción preventiva que interpusimos después de años de deterioro de la ruta, donde se pide que sean los jueces quienes intervengan ante el peligro inminente que representa el estado calamitosa de la calzada", dijo la abogada.

Ruchelli afirmó que desde la ONG se hizo toda una argumentación jurídica para explicar la necesidad de que se hagan las obras, largamente reclamadas por los usuarios y por las localidades de Roldán, Carcarañá y Cañada de Gómez, acaso las más comprometidas por el deterioro de la calzada. "La jueza se hizo eco de la acción e intimó a Vialidad Nacional, estamos contentos por esta acción porque queremos dejar de estar a expensas de la Nación y que sea la Justicia la que determine cuándo y cómo deben hacerse los trabajos, porque Vialidad los anunció una y otra vez, lo vienen haciendo desde el año pasado, y no podemos quedar a merced de eso".

La representante de la UCU manifestó el interés de que "detrás de las promesas, que lo hagan porque se los ordena la Justicia".

Presentación

El 13 de febrero, la organización Usuarios y Consumidores Unidos presentó ante la Justicia federal una acción colectiva preventiva de daños para que obligue al organismo nacional a reparar en forma urgente el corredor, con el acento puesto entre el kilómetro 336 y el 314.

El pedido de la ONG, que en su momento recayó en el juzgado civil y comercial Nº 1 a cargo de Aurelio Cuello Murúa, se sumó a otras acciones encaradas por distintos organismos, como la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, con el respaldo de diversas instituciones.

Concretamente, la UCU pidió a la Justicia federal que obligue a Vialidad a reparar y señalizar en forma urgente la doble traza, principalmente en el tramo mencionado.

La organización ya había intimado oportunamente a las autoridades y al concesionario, pero al no obtener respuestas iniciaron la acción judicial en representación de los usuarios por imperio de la ley de intereses del consumidor y en nombre de un "colectivo de personas expuestas a un peligro". Esto fue en septiembre del año pasado, cuando se exigió a la empresa Corredor Panamericano II SA a "efectuar los trabajos de reparación y/o mantenimiento y/o señalización necesarios" sobre el tramo que va fundamentalmente de Roldán a Carcarañá.

El argumento principal de esta exhortación es que la autopista se encuentra intransitable en esa zona, con un "serio deterioro en la capa asfáltica, que lleva años desgranada, con baches y una muy mala demarcación, lo que acrecienta el peligro por la noche y ante lluvias. Las pésimas condiciones tornan muy peligrosa la circulación y ocasionan graves daños a las personas que circulan diariamente".

La acción interpuesta en los tribunales federales pasó a la jueza Aramberri, quien intimó finalmente al organismo nacional.