Gregorio Dalbon, uno de los abogados de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que en caso de una detención arbitraria de la actual senadora nacional, como ocurrió con Lula Da Silva en Brasil, “el pueblo saldrá a la calle y correrán sin lugar a dudas ríos de sangre porque el argentino no es una persona sumisa".

El abogado aseguró que un sector de la población "no le cree" al Poder Judicial sobre las investigaciones por corrupción contra el gobierno kirchnerista.

Dalbon dijo en un programa radial de la agencia de noticias Sputnik que la ex presidenta se presenta en todas las citaciones por las diversas causas abiertas pese a contar con fueros. Señaló que éstos solo podrían ser levantados en caso de condena firme dictada por la Corte Suprema de Justicia. "No hay ningún elemento que pueda soslayar su principio de inocencia, se encuentra intacto", enfatizó.

Sin embargo, se refirió al hipotético caso de que se produjera una detención de la ex mandataria y lo comparó con lo ocurrido en Brasil, donde primero se destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia y después se arrestó a Lula Da Silva, cuando era favorito en las elecciones.

"Es peligroso lo que pasó allá con Dilma, con Temer, que los brasileños lo permitieron. Los argentinos somos diferentes en ese sentido: si hay algo arbitrario e ilegal que puedan llegar a hacer con el candidato de la oposición, que no creo que suceda, el pueblo saldrá a la calle y correrán sin lugar a dudas ríos de sangre porque el argentino no es una persona sumisa", afirmó.

Dalbon consideró que la situación en Argentina es muy delicada y la ubicó en un contexto "de derechización" regional. Afirmó que para los argentinos, "no es prioridad el juicio de Cristina, sino pagar la luz, el agua, llegar a fin de mes" y que por esa razón no cree que las causas contra la ex presidenta "puedan entretener mucho a las personas que la están pasando muy mal, que es el 75 u 80% de los argentinos".

Según su criterio, la causa de los Cuadernos de las Coimas "no va a llegar nunca a juicio oral porque se cometió una nulidad que fue no filmar ni grabar los audios de las personas que se arrepintieron".

La justicia anunció que el comienzo del juicio por corrupción en obra pública contra la ex presidenta fue postergado para el 21 de mayo, a unos meses de las elecciones presidenciales de octubre. Estaba previsto originalmente para el 26 de febrero.