La situación de una jubilada que cobra menos de la mínima y a quien Litoral Gas le cortó el suministro de ese servicio por la falta de pago de facturas (que llegaron a los cinco mil pesos) fue llevado como caso testigo ante la justicia penal.

El abogado de la Multisectorial contra los tarifazos, Juan Alcaraz, explicó que la presentación es contra los directivos de la firma porque considera que su acción implica una “extorsión”, con la finalidad de bajar la morosidad (del orden del 30 por ciento de los usuarios).

Para Alcaraz, tanto el retiro del medidor como el corte del gas son “acciones ilícitas” porque existe un fallo de la justicia federal que prohíbe esas medidas cuando el usuario pruebe que no puede pagar, bajo la figura de “vulnerabilidad económica”.

El abogado aseguró que certificaron ante la empresa que la jubilada en cuestión se enmarca en ese concepto ya que cobra seis mil pesos por mes y le llegó una boleta de 5.600 pesos.

“Es una jubilada que le han retirado el medidor y que ha demostrado que está en una situación de vulnerabilidad. La medida cautelar dictada por un juez federal impide el corte del suministro en esos casos y por eso creemos que utilizan un medio ilícito para el cobro de tarifas”, dijo Alcaraz.

Sostuvo que no se trata del único caso dado que realizó solo hasta noviembre once presentaciones en la empresa distribuidora del gas de personas en situación vulnerable que no pueden pagar el servicio. La mayoría son jubilados, uno de los sectores más afectados por el ajuste económico.

Por otro lado, Alcaraz adelantó que realizarán una “demanda colectiva” contra los aumentos que se vienen desde el 1º de enero en agua, luz y gas pero eso será en sede civil. “Este caso es de naturaleza penal y por eso contra los directivos de la empresa”, aclaró.