El presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, Gustavo Salvador, consideró "preocupante" y "peligrosa" la aplicación del nuevo protocolo que faculta a las fuerzas de seguridad nacionales al uso de armas de fuego.

Vale recordar que una resolución firmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habilita a partir de esta semana el uso de armas de fuego a las fuerzas federales "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos".

La medida fue duramente cuestionada por organismos de derechos humanos, que llegaron a plantear que su implementación implica avalar el gatillo fácil y la pena de muerte".

Salvador remarcó que "la situación es conflictiva. Hay un reclamo social que no puede desconocerse en cuanto a la inseguridad que se da en la ciudad y en el país. Pero de ahí a reglamentar un protocolo en donde se especifica con mayores detalles situaciones que ya están abordadas en el Código Penal, realmente es preocupante", afirmó el representante de los jueces en la provincia de Santa Fe.

Lo que dice el Código. En ese sentido, expresó que la nueva disposición "deja la posibilidad de librar al criterio discrecional de la policía el uso de un arma de fuego para repeler la posible comisión de un delito y que eso implica el cumplimiento del deber. Con las normas que ya están vigentes en el Código Penal, que hablan de las causales de justificación como legítima defensa, estado de necesidad o la posibilidad del cumplimiento del deber, esa situación ya está contemplada. Avanzar hacia una posibilidad de respuesta con arma de fuego es peligroso en cuanto al mensaje que se quiere significar".

El presidente del Colegio de Magistrados sostuvo que "con la reglamentación que tenemos en la actualidad en el Código Penal, estos casos están contemplados. No porque exista una reglamentación más específica se va a dejar de lado una ley que está por encima de una reglamentación sancionada por el Congreso que regula estas situaciones de legítima de defensa", agregó Salvador.

No quiero decir que este protocolo es la legitimación de la pena de muerte por parte del Estado. El Poder Ejecutivo tiene las facultades para emitir una reglamentación del tenor que se emitió. Después estará la prudencia de los jueces la aplicación o no ante un supuesto fáctico que se de en la realidad para la aplicación o no de ese criterio", expresó Salvador.