El juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato, negó que su designación como ministro de Justicia del gobierno del presidente electo de Brasil, Fair Bolsonaro,  sea una "recompensa" por haber condenado a prisión al principal líder opositor, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

En rueda de prensa en Curitiba, estado de Paraná, el juez, que se tomó vacaciones para asumir en enero el cargo de ministro, dijo que no quiere tener una carrera política o electoral, con lo que descartó una posible candidatura presidencial para 2022.

Moro anticipó que el gobierno de Bolsonaro, bajo su gestión en la cartera de Justicia, no realizará "persecución política" a opositores o a las minorías y sostuvo que el presidente ultraderechista electo "se ha moderado" en la campaña electoral al ser preguntado sobre la reivindicación de su nuevo jefe político de la dictadura y la tortura.

Moro reveló que fue contactado durante la campaña para el balotage entre Bolsonaro y el candidato derrotado, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, mientras seguía a cargo de la Operación Lava Jato.

El juez, que dejará el cargo el próximo mes para asumir el 1 de enero junto con el gobierno de Bolsonaro, negó que haber condenado a Lula, que era el favorito en la elección, tenga que ver con su decisión.

"Lo que existe es que un delito fue descubierto, investigado y probado y las cortes cumplieron con la ley. No puedo pautar mi vida con una coartada falsa de persecución política", dijo Moro.

El PT denunció, en paralelo, a Moro por desvío de funciones y otros delitos ante el Consejo Nacional de Justicia, el equivalente al Consejo de la Magistratura argentino, por haberse sumado al gobierno que logró llegar al poder aprovechando la inhabilitación de su rival, Lula.

Moro condenó a Lula en julio de 2017 y la pena fue ratificada por la cámara de Porto Alegre el pasado enero, con una sentencia de 12 años y un mes de prisión por corrupción en la Operación Lava Jato.

El futuro ministro anticipó que trabajará para facilitar la posesión de armas, primera promesa de Bolsonaro, y negó que los movimientos sociales serán tratados como "terroristas", aunque dijo que no pueden ser tratados como "inimputables".