Más de treinta asociaciones de defensa del consumidor de todo el país presentarán en conjunto un expediente ante la Justicia para impugnar la resolución oficial que habilita a las distribuidoras de gas a cobrarles a los usuarios un importe adicional en la tarifa, durante 24 meses, para “compensar” las pérdidas de las compañías a causa de la devaluación. Se trata de una transferencia de 10 mil millones de pesos desde los bolsillos de los ciudadanos a los consorcios energéticos. Las entidades sostienen que, además de recargar el precio de un servicio que está al borde de ser impagable, los ciudadanos no tienen por qué hacerse cargo de los supuestos desequilibrios en la rentabilidad de las firmas que son consecuencia de las políticas del gobierno nacional.

La presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco), Inés Bienati, calificó la situación como “desesperante para todos los ciudadanos”. La dirigente enfatizó que hay consenso entre todas las entidades respecto de rechazar ante la Justicia la resolución de la ahora Secretaría de Energía publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial.

Bienati confirmó que las más de 30 organizaciones que integran la Comisión de Usuarios de Enargas presentarán el recurso judicial para “defender al consumidor”. Buscan “la impugnación y nulidad” de la resolución. “Si ya la gente no podía pagar, no quiero imaginar ahora, que hay que abonar un dineral”, se quejó la presidenta de Femudeco. “Esto no sólo afecta a los más vulnerables, también a la clase media que ha quedado sin trabajo o tiene un solo empleo”, agregó respecto al amplio abanico de perjudicados por la medida, en el cual destacó a los jubilados.

La asociación Consumidores Libres calificó a la resolución de la Secretaría de Energía como “absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria”. Héctor Polino, representante legal de la entidad, insistió en que “los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso”. Para él, “en todo caso tendría que hacerse cargo el gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”.

Polino dijo que, en paralelo con la presentación judicial que preparan las entidades de consumidores para entregar los próximos días, “el Congreso nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto la resolución porque la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país”.

La resolución de la ahora Secretaría de Energía encarece aún más el servicio esencial porque se suma al incremento de entre el 30 y el 35 por ciento aplicado desde el 1o de este mes que ratificó el titular del área, Javier Iguacel.

El permiso oficial para “compensar” a las distribuidoras gasíferas comenzará a aplicarse desde el 1o de enero de 2019 y extenderá hasta el primer mes de 2021, según el texto publicado en el Boletín Oficial. Pero las consideraciones son retroactivas: se cobra como porcentaje de lo consumido entre abril y septiembre pasados con valores actualizados a ese último mes.

El Ejecutivo menciona en la resolución que la ley 24.076 prevé que “las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación”. Y que “a raíz de la marcada variación del tipo de cambio, se han acumulado diferencias diarias significativas por la compra de gas en el marco de los contratos suscriptos entre los productores y las licenciatarias de distribución”.

La dolarización del gas en boca de pozo que pagan las distribuidoras, y las garantías de alta rentabilidad a las empresas de esos dos tramos concedidas por la administración Cambiemos son la base del nuevo agregado a las facturas: “Resulta necesario adoptar medidas específicas para proteger al usuario final, atenuando la incidencia del traslado a las tarifas de las diferencias diarias acumuladas por la compra de gas en el último período estacional, comprendido desde el 1º abril al 30 de septiembre de 2018”, añade el texto oficial publicado el pasado viernes.