El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo por presunto lavado de dinero.

En el expediente, conocido como Los Sauces, se investiga el supuesto lavado de dinero a través del alquiler de complejos habitacionales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

La medida incluye a los empresarios, a los hijos de Báez, al contador de los Kirchner, Víctor Manzanres; a Fabián De Sousa y a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, entre otros.

Ercolini recordó que sobre la expresidenta y sus hijos pesa la acusación por asociación ilícita pues funcionó entre los meses de enero de 2009 y marzo de 2016 "un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces SA por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial".

La firma Los Sauces había sido constituida originalmente el 7 de mayo de 2006 por Néstor Kirchner y luego su esposa, según el fiscal Gerardo Pollicita, "realizó distintos aportes irrevocables de bienes y dinero a la empresa y por medio de aquella adquirió una serie de propiedades, terrenos y hoteles en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires; todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de su familia".

La firma de Lázaro Báez aportó durante ese período un total de 6.851.650,97 de pesos en alquileres, en tanto que Cristóbal López y Fabián De Sousa unos 18.554.725,76 y de manera indirecta -a través de Idea SA de Osvaldo Sanfelice- otros 561.665,57 de pesos, lo que, remarcó el juez, "constituyó un 88 por ciento de lo facturado en ese período por Los Sauces SA".

Fondos ilícitos. Los Sauces, según la acusación, fue utilizada como un mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos que provenían en el caso de las empresas de Lázaro Báez de la defraudación al Estado nacional a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz y en el caso de Cristóbal López previamente favorecido con los distintos contratos y beneficios impositivos otorgados a sus empresas.

La causa inicialmente estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadio quien luego de imponer los procesamientos de Cristina Kirchner y sus hijos, se declaró incompetente y giró el expediente a su par Ercolini por conexidad. Es que Ercolini viene investigando la causa Hotesur donde se investigan maniobras similares pero en lo relativo al alquiler de habitaciones de los hoteles en manos de los Kirchner.