La Cámara Federal porteña ordenó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea indagada en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K", en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

Es la cuarta vez que el superior tribunal ordena al juez federal Sebastián Casanello que la cite ya que considera que el magistrado no brindó una "respuesta completa" para desestimar la convocatoria de la ex mandataria.

De este modo, la mayoría de la Cámara, constituida por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, hizo lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera (UFI). En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, quien entendió que la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable.

Hasta el momento, Casanello evitó citarla pese a los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (querellante en el caso) porque considera que la ex mandataria es investigada por los mismos hechos en la causa por fraude en la obra pública a raíz de las licitaciones con las que se benefició el empresario Lázaro Báez.

También guarda relación con las causas Hotesur y Los Sauces a raíz del alquiler de plazas hoteleras de Cristina y su familia a favor de Báez, y que la Justicia entiende eran retornos de éste tras ser favorecido con obra pública.

La causa por "la ruta del dinero K" en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, el cual va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo y hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

Todos están acusados de integrar una banda dedicada al lavado de activos a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita.

La detención de Báez se produjo en abril de 2016, luego de que se conociera un video de la financiera en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.

"Se corroboró la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones que terminaron en Austral Construcciones (la empresa de Báez)", señalaron los jueces.

El tribunal tuvo en cuenta que en todas esas causas se repiten Lázaro Báez y Cristina Kirchner y la relación de "prestanombre" del primero para con el segundo, porque —subrayó— "dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre".

"La lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández", sostuvo Irurzun en su voto, quien recordó que hay otras personas presuntamente vinculados a la maniobra: el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, y el entonces titular de la Unidad Fiscal Antilavado Carlos Gonella.

Junto a Irurzun votó Llorens: "Con el grado de previsión que esta etapa requiere, la imperiosa necesidad de otorgarle a la presunta imputada la oportunidad de ejercer su derecho, de conocer la prueba existente, de controlar aquella que las partes acusadoras han indicado como prueba de cargo en su contra y, finalmente, reclamar su derecho a que exista una decisión jurisdiccional que la vincule o la desvincule del proceso", indicó.

"No se me escapa el contexto en el que se enmarcan los hechos, que involucran una gravísima imputación de captación de fondos públicos a través de licitaciones amañadas, armadas para que el imputado Báez obtuviera fondos del Estado destinados a obras públicas en la provincia de Santa Cruz y que esos fondos, que aparecerían ficticiamente como de su propiedad, regresaran a quienes serían sus verdaderos propietarios: Néstor Kirchner y Cristina Fernández", agregó Llorens.