Cristina Fernández de Kirchner se quejó de que en los recientes allanamientos a sus propiedades le secuestraron hasta bandas y bastones presidenciales, algo que consideró una “violación de derechos y garantías”.

La ex mandataria expresó en las redes sociales su indignación por la incautación de efectos personales que no resultan de valor para la causa que investiga los cuadernos con supuestas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

El abogado de la senadora, Carlos Beraldi, ya había denunciado previamente en un comunicado, donde advirtió que se le impidió controlar los procedimientos, que “las cosas que Bonadío ordenó secuestrar no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación”.

“Pero además, indicó el letrado, y como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009”.

Cristina Fernández de Kirchner (presidenta de 2007 a 2015) también anunció que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se han "avasallado" sus derechos durante los registros realizados en los últimos días en sus domicilios.

Su abogado Gregorio Dalbón explicó que está recopilando datos sobre los operativos ordenados por el juez en el apartamento de Cristina en Buenos Aires y sus casas en Río Gallegos y El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y que él mismo viajará a Washington "seguramente esta semana" a la sede de la CIDH.

"Les daré el informe y solicitaré veedores y una visita para que puedan observar cómo estaba el lugar antes y cómo quedó después", añadió Dalbón.

El juez Bonadio busca pruebas en la investigación en la que Fernández es sospechosa de haber recibido millonarios sobornos durante el kirchnerismo (2003-2015) y ordenó ya hace varias semanas los registros.