Tres efectores privados de salud de Rosario firmaron una solicitada nacional junto a unos 40 prestadores de todo el país no sólo para que el personal médico y sanitario tenga la opción de declararse objetor de conciencia individual (prevista en la media sanción de Diputados), sino que la entidad pueda determinarlo institucionalmente ante el avance de una ley que legalice el aborto en la Argentina.

El miércoles pasado, 43 sanatorios y hospitales privados del país suscribieron un documento público en el que se solicita a los senadores nacionales que, de avanzar el proyecto de legalización del aborto, se incorpore "expresamente" que los profesionales de la salud y las instituciones sanitarias privadas "tendrán plena libertad y derecho de abstenerse" a practicar interrupciones voluntarias del embarazo "cuando dicha práctica sea contraria a sus principios, valores o ideario" y peticionaron que esta opción "sea sin condicionantes, ni limitaciones tanto para los trabajadores de la salud, como para las instituciones".

En otro párrafo se cuestiona que, una vez aprobada la norma, "sean obligados a llevar adelante una práctica bajo amenaza de quedar expuestos a la imputación de un delito penal" o sanciones administrativas.

El proyecto, que cuenta con media sanción en Diputados, reconoce la objeción individual de conciencia y el profesional puede exceptuarse del deber legal cuando le genere un daño moral irreparable, pero debe derivar la paciente a un colega disponible. No podrá ser objetor ante un caso de emergencia. Y prohíbe una objeción de conciencia institucional, algo que sí peticionan las clínicas privadas en la solicitada.

A la hora de repasar quienes adhieren a la carta, hay tres efectores de Rosario: Instituto Gamma, Hospital Privado de Rosario y Sanatorio de Niños SA.

Las tres entidades, según informaron voceros allegados a las mismas, pertenecen a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), pero el comunicado no abarca a todas sus prestadoras.

En el escrito figuran muchas clínicas de Capital Federal y Buenos Aires, pero también se anotaron varios sanatorios de Córdoba y otras poblaciones del interior.

Voceros de al menos dos de las prestadoras fundamentaron la inclusión en la carta pública.

"Si un médico o un enfermero está en contra, hay que darle la posibilidad de no obligarlo y que no le apliquen sanciones. Y en esta opción, que debe darse a los profesionales, deben estar incluidos enfermeros, anestesiólogos. Es decir que se les brinde la posibilidad al personal de participar o no de una interrupción voluntaria de un embarazo", remarcaron para fundamentar: "Así como el aborto sería optativo para la mujer, también debe serlo para el profesional. Debe quedar librado a quien quiera hacerlo o no".

En debate

La petición de los prestadores privados de Adecra va en línea con un proyecto alternativo de tres senadores cordobeses (uno justicialista y dos del PRO) donde se incorpora la objeción de consciencia institucional y se reduce de 14 a 12 semanas de gestación el límite para autorizar la interrupción de embarazos no deseados.

También propone eliminar sanciones penales e inhabilitación a los profesionales de la salud que desistieran de practicar abortos.

Caber recordar que la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, señaló que por el momento no emitirían ningún comunicado en relación al tratamiento del proyecto de ley.