El recorte de los gastos del Estado llegó a las asignaciones familiares y la medida representará en los hechos una baja del salario de muchos trabajadores. El gobierno dispuso por decreto una adecuación del límite máximo de ingresos para determinar el cobro de las asignaciones familiares, y a la vez, eliminó los beneficios que alcanzaban a provincias de la Patagonia y del norte del país. La medida apunta a alcanzar el déficit fiscal comprometido en el acuerdo stand by firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La administración de Cambiemos achicó el techo o tope máximo de ingresos aplicables a los beneficiarios de asignaciones familiares, que bajó de $94.786 actuales a $83.917 . Además, la nueva normativa aclaró que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera un ingreso superior a los $41.959 quedará excluido del cobro de las asignaciones. Antes, el salario máximo para un integrante era de 47.393 pesos.

La resolución, que significará una rebaja del salario de bolsillo, afectará a parte de los 6.849.018 trabajadores que recibían el beneficio en todo el país, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación de diciembre de 2017. En Santa Fe, el sistema cubre a 588.624 personas.

Según los últimos registros publicados, para las arcas del Estado las erogaciones por asignaciones familiares ascendían a 144.089 millones de pesos, y de esa cifra a Santa Fe llegaban 12.377 millones de pesos.

La medida se tomó a través de un decreto firmado por Gabriela Michetti, que se publicó en el Boletín Oficial, y comenzará a regir para las asignaciones familiares que se perciban durante septiembre próximo. Lo suscribió la vicepresidenta porque Mauricio Macri se encuentra fuera del país, participando de la cumbre de los Brics en Sudáfrica.

Si bien, en el decreto 702/2018 se aclara que los nuevos límites "no resultan aplicables para la determinación del valor de la asignación por maternidad", ni para los beneficiarios de la prestación por desempleo, el impacto de la medida es alto. Desde la Casa Rosada también aclararon que en el caso de los hijos con discapacidad no se modificarán los diferenciales por zonas.

Pero el gobierno sí eliminó los beneficios extras que alcanzaban a más de 100.000 chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del norte, que cobraban más que el resto del país.

Según el decreto, desde septiembre a los trabajadores en relación de dependencia del interior se les ajustará las asignaciones familiares en hasta un 53 por ciento del monto que recibían. Se estima que con esa medida el gobierno se ahorrará 9.800 millones anuales.

Anteriormente, la Ansés dividía al país en cuatro zonas, sobre las cuales les aplicaba un régimen diferencial de la seguridad social. El "valor general" por hijo se ubicó en $ 1.578 hasta junio pasado para el área metropolitana y la mayoría de las provincias, pero se incrementaba entre $ 3.155 y $ 3.407 para otros distritos, dependiendo también de los ingresos de los cónyuges.

Ese plus se percibía según donde vivieran, atento al costo de vida más elevado en determinadas regiones del país, por condiciones desfavorables de vida.

Desde septiembre, los trabajadores registrados de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Formosa, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta pasarán a cobrar el "valor general".

"El objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones y queremos que sea pareja para todos. El extra no tenía un criterio de lugares con mayores niveles de pobreza, era algo antiguo para poblar regiones y no se podía sostener", dijo el director de la Ansés, Emilio Basavilbaso, en declaraciones a la prensa porteña.

Por otra parte, el decreto 702 elevó de $ 200 a $ 2.816 el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares. Según el Ejecutivo, había empresarios que declaraban trabajadores con sueldos de $ 200 y recibían $ 3.000 de asignaciones.

El recorte afectará también a los trabajadores más vulnerables, los que tienen ingresos en blanco por debajo de los 2.816 pesos, quienes directamente ya no cobrarán la asignación familiar por hijo.

Como justificación de la decisión oficial, el Poder Ejecutivo recordó que en 2012, la ex presidente Cristina de Kirchner modificó las condiciones de acceso a las asignaciones familiares, considerando al grupo familiar a los efectos del pago, en lugar de los ingresos de un solo titular.

En consecuencia, indicó que ahora "resulta conveniente asociar el valor del límite de ingresos mínimo habilitante para la liquidación de asignaciones familiares, con el valor de la base imponible mínima previsional".

"Más aún, teniendo en cuenta que el Sistema de Asignaciones Familiares, en su faz contributiva, tiene como fuente primordial de financiamiento a las contribuciones patronales y está fundado en los principios de reparto", señaló la norma.

La adecuación, según el texto oficial, permitirá "evitar la eventual captación indebida de prestaciones de la seguridad social cuando los importes de las remuneraciones son declarados por el empleador en forma ilegítima, por un monto inferior al mínimo".