La Federación Gremial de Industria y Comercio reclamó nuevamente la adhesión de Santa Fe a la nueva ley de Riesgos de Trabajo y señaló que la provincia presenta 92 juicios cada 1.000 trabajadores, el más alto del país.

Según un informe de la Gerencia Técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), recientes mediciones de la efectividad de la norma demostraron que entre los meses de marzo y octubre de 2017 cayeron en un 23,8 por ciento respecto de 2016 los ingresos de nuevas causas contra las aseguradoras de riesgos de trabajo.

La provincia de Santa Fe cuenta con el 12 por ciento del stock de juicios laborales de la Argentina, unos 54.000. Sin embargo, esta cantidad dividida la cantidad de trabajadores en actividad da 92 juicios cada 1.000 trabajadores, el más alto del país. El promedio nacional es de 41 juicios cada 1.000 trabajadores.

Desde la entidad se indicó que "hoy las provincias con mayor desarrollo económico de la Argentina ya han adherido a la nueva ley de Riesgos de Trabajo. Santa Fe es una isla".

"Las empresas santafesinas -agregan- pagan 4,6 por ciento de alícuota por los trabajadores adheridos al sistema de riesgo del trabajo cuando el promedio nacional es de 3,3%. Esta importante diferencia posiciona a las empresas santafesinas en desventaja respecto las de otras jurisdicciones con efectos negativos en la competitividad".

"Este problema -se indicó- afecta seriamente la producción de la provincia, aumenta el riesgo empresario y demora la generación de nuevos puestos de trabajo".

Desde Federación Gremial resaltaron que "la adhesión al nuevo régimen de riesgos de trabajo es fundamental para las empresas santafesinas. Es uno de los reclamos más sonados en todas las centrales empresariales a lo largo y ancho del país".

"Santa Fe es una de las últimas provincias con importante desarrollo económico y un tejido empresario pyme rico que no cuenta con esta herramienta. Así las empresas, particularmente las pequeñas y las medianas son gravemente perjudicadas por el costo de sentencias judiciales fueras de sus posibilidades económicas".

"Esta ley le es benéfica tanto a trabajadores como a empresas. Las empresas reducirán sus costos laborales y la exposición a largos procesos judiciales de sentencia incierta. Los trabajadores accidentados, contarán con un proceso exprés que les facilitará el acceso a la justicia y logrará un resarcimiento en tiempo y en forma", se indicó.

"Solo quedan fuera del paquete aquellos que ajenos a la relación laboral pretendan explotar un accidente laboral para beneficiarse únicamente ellos", señalaron.