La posición de los 24 oradores que expusieron este jueves en Gobernación durante la audiencia pública sobre el servicio de agua potable y cloacas fue de unánime rechazo respecto de "cualquier incremento de la tarifa”, resumió el abogado especializado en derechos del consumidor Juan Alcaraz, de la Multisectorial contra el Tarifazo. La prestadora Aguas Santafesinas SA, en tanto, había justificado su pretensión de aumentar 25 por ciento en el tercer bimestre, y otro 25 por ciento luego, en función del encarecimiento de su estructura de costos.

El argumento general de los expositores giró en torno a que “el agua es un derecho humano esencial y fundamental reconocido por las Naciones Unidas”, y luego se sumaron diversos puntos de vista que reforzaron la negativa a la suba, sin atender los argumentos técnicos y administrativos que esgrimieron desde la empresa estatal.

Alcaraz dijo que durante su exposición recordó que “en la última sesión de Legislatura, los diputados aprobaron la Ley de Aguas, la cual retoma la idea de la ONU como derecho fundamental, y que es obligación del Estado provincial garantizar la distribución en todo el territorio para el uso doméstico”.

En este sentido, Alcaraz apuntó a que tanto Aguas Santafesinas como el Gobierno hicieron caso omiso a esta ley, “al plantear el 50 por ciento de aumento de tarifa ya que no consideraron que un hogar de clase media con un ingreso de 20 mil pesos gaste en el agua más que su propio sueldo”. En este sentido, apuntó a que “al ser ilegal e ilegítimo, el aumento es confiscatorio”. Un aumento de tal magnitud, especuló el representante de la multisectorial, cercena el derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales.

 Por su parte el diputado de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani,  expresó en la audiencia que los aumentos propuestos del 50% “están más que duplicando las estimaciones de inflación, incrementos salariales y haberes de jubilados y pensionados”.

En otro orden de cosas, el diputado insistió en la necesidad de dar sanción definitiva al proyecto de ley que impulsa junto a la diputada Silvia Augsburger y que obtuvo la media sanción a fines del año pasado para dar un marco regulatorio de los servicios públicos, que garantice audiencias públicas “vinculantes”, un límite a los tarifazos y entes de control con participación de los usuarios.  

Respecto de la propia audiencia, Alcaraz planteó que “hay malos antecedentes con la de luz y la del gas que cerraron los ojos, ya que si bien se entiende que no es vinculante, se termina volviendo una reunión informativa de una decisión que ya está tomada previamente, y se hace caso omiso de lo que opina, en este caso el 100 por ciento de los expositores. Los funcionarios no pueden apartarse de las opiniones porque éstas son representativas de los usuarios finales”.

Por otra parte puso en cuestión la calidad del servicio actual del agua, que “en algunos casos hay presión insuficiente, en otros aun no llega el servicio, y otro asunto es la necesidad de colocar medidores, que si no lo hacen en Assa es porque no quieren que la gente pague menos, cuando debería pagar lo que consume”.

Recordó que de la audiencia participó un ex empleado de Assa, que trabajó en las tres últimas empresas del agua en la provincia, y quien acusó que esta última nombró a sus parientes, y tiene irregularidades en el mantenimiento.