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Subsidios al transporte: ¿federalismo o centralismo?
La Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el procesamiento y prisión preventiva de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la Amia a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Así lo decidió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la que también ratificó los procesamientos y prisión preventiva del excanciller Héctor Timerman, del exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, del dirigente Luis D'Elía y de los demás imputados.
De esta manera, el tribunal dejó firme la decisión del Juzgado Federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, de pedir el desafuero y la detención de la actual senadora de Unidad Ciudadana.
El magistrado había hecho esa solicitud ante el Congreso luego de que los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano consideraran que Cristina Fernández de Kirchner podría entorpecer la causa estando en libertad.
"En definitiva, por sobre el arraigo, vínculos familiares, y la actividad de presentarse al ser convocados (que todos exhibieron), lo expuesto en la presente revela la existencia de razones fuertes de diferente tenor que, con arreglo a los lineamientos impuestos por la ley y a la aplicación que de ellos ha propiciado afianzada jurisprudencia de la Sala, justifican holgadamente la presunción de riesgo procesal", explicaron los camaristas en la resolución.
Por otra parte, hicieron lugar al pedido de la exmandataria nacional para que se quite la figura de "traición a la Patria" en el procesamiento que pesa en su contra y en el resto de los acusados.
Además ratificaron el embargo de 50 millones de pesos en su contra que había sido dictado por el juez Bonadio semanas atrás.
La exjefe de Estado está acusada de "impartir personalmente las instrucciones al resto de los imputados" para "favorecer a los acusados iraníes" a través de la firma del acuerdo bilateral con Irán, que nunca se aplicó y fue declarado finalmente inconstitucional.