El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria para el 31 de agosto próximo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presuntas irregularidades en la compra en 2013 del edificio donde funciona el organismo.

La citación es a raíz de un pedido que hizo el pasado martes el fiscal del caso, Eduardo Taiano, en el marco de una investigación por la compra del edificio de la calle Perón 667, en la ciudad de Buenos Aires, por 43.850.000 de pesos.

La decisión de Ercolini se produce en medio de la presión que ejerce el gobierno de Mauricio Macri para desplazar del cargo a la procuradora, a quien acusa de ser "militante del kirchnerismo", y luego de que la propia Gils Carbó anunciara públicamente que no se irá del organismo aún si el presidente firma por decreto su expulsión.

La causa contra Gils Carbó se inició este año a raíz de la compra de ese edificio a través de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados y en cuya operación intervino el intermediario Juan Carlos Thill, al que se le pagaron casi 3 millones de pesos de comisión, y que es medio hermano del número dos del área de contrataciones de la Procuración General de la Nación.

Apartado

Se trata de Guillermo Bellingi, quien fuera apartado de su cargo como subdirector general de la Procuración tras la denuncia y la apertura de una investigación interna en el organismo.

De acuerdo a la denuncia, la compra del edificio estuvo digitada desde antes de hacerse pública la oferta y se intentó beneficiar a determinadas empresas y personas con el pago de comisiones.

La venta la realizó la empresa Arfinsa —del Grupo Bemberg— y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asesores Inmobiliarios cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, en tanto que unos 3 millones se llevó Thill también bajo el mismo concepto.

"Lo que resulta relevante es que la intermediaria ya tenía conocimiento de la existencia de la licitación pública que todavía no había sido dispuesta", remarcó el juez.

También expuso el vínculo de "hermano" entre Thill y Bellingi, "al ser ambos hijos de la misma madre", por lo que "resulta preponderante para la sospecha de un acuerdo previo al llamado a licitación con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera SA".

En ese sentido, señaló el juez en su fallo que "Bellingi no sólo manejaba información calificada sobre el curso del trámite licitatorio sino que, además, tuvo intervención directa en dicho procedimiento, habiendo dado instrucciones y propuestas que, desde su génesis, marcaron la suerte de la licitación pública".

"No resulta menor el dato referido a que Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill contaran con información privilegiada, lo que surge con sólo observar que aun antes de que se efectuara la convocatoria a licitación pública ya tenían conocimiento de la existencia del trámite que estaba en curso en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de las características del inmueble que se pretendía adquirir e incluso del número de trámite que llevaría el procedimiento", sostuvo.

Otra sospecha del juez Ercolini es que luego de serle depositados en su cuenta a Thill los 2.969.252 pesos en concepto de comisión, éste fue extrayendo a lo largo de 2013 y en 2014 sumas de dinero que se especula fueron para otros destinatarios que intervinieron en la maniobra.

"Más difícil aún resulta suponer que los nombrados desconocieran el entramado que había sido pergeñado para direccionar el trámite de la licitación a fin de que la adjudicataria fuera la sociedad que ellos mismos representaban, máxime cuando la empresa presidida por Bárbara Jaureguiberry, por su intermediación, percibiera un porcentaje significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario, ganancia que compartiera, precisamente, que con el hermano de quien fuera designado por la Procuradora para intervenir", concluyó.